Con la exposición de la teoría de caso por parte de la Fiscalía General del Estado, inició la audiencia de juzgamiento contra el exconcejal de Quito, Eddy Fernando Sánchez; su esposa, Adriana Judith C. M.; sus tres hijos, Jorge Luis S. E., Adriana Alejandra S. C. y Cristina Polet S. C.; y, su suegra, Judith Margarita M.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, los presentó como presuntos coautores del delito de lavado de activos, en su alegato de apertura. El monto (establecido a través de pericias) que no habría sido justificado por los seis procesados asciende a 1’803.350 dólares, durante los períodos de análisis comprendidos entre los años 2009-2013 y 2013-2017.

Se habría pretendido justificar el monto con declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016); con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial (2017), con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015) y con préstamo de dinero de “amigos” (2015).

“Al ser cotejados con sus entradas económicas en relación de dependencia, lo declarado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los montos ingresados al Sistema Financiero Nacional (SFN), se evidencia que estos valores no cuentan con los respaldos respectivos”, explicó el Fiscal Provincial.

La línea de tiempo analizada coincide con las labores de Eddy Fernando S. C. como concejal de Quito en dos períodos.

Para sustentar la acusación está prevista la presentación de más de cuarenta y cinco testigos y cien pruebas documentales por parte de Fiscalía. Entre estas, el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el que se abrió este proceso penal por presunto lavado de activos.

Hasta el cierre de este boletín, Fiscalía presentó el testimonio de siete testigos, entre ellos los analistas de la UAFE, del SRI y del Consejo Nacional Electoral.

La audiencia se instaló este 30 de noviembre de 2020 ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichicha, por el Fuero de Corte Provincial que ostenta el ex Edil. Está previsto que la presentación de peritos concluya el 16 de diciembre de 2020.

La sanción para el delito de lavado de activos puede ser de uno a trece años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si existió asociación para delinquir y de si el delito fue cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos, según determina el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).