No existe ninguna norma en la legislación ecuatoriana que impida que la exministra de Gobierno María Paula Romo sea llevada a un nuevo juicio político por el supuesto reparto de hospitales como cuotas políticas a cambio de votos.

Romo fue censurada y destituida la noche del pasado martes en la sesión virtual 687 de la Asamblea Nacional con 104 votos; fue por dos causales relacionadas con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de otras en el paro de octubre de 2019.

Tales sanciones políticas no anulan ni bloquean la posibilidad de que se inicie un nuevo proceso de interpelación en contra de la exfuncionaria.

El 22 de octubre pasado, los legisladores Amapola Naranjo (RC) y Roberto Gómez (antes de CREO) presentaron una cuarta solicitud de juicio político contra Romo, con 45 firmas de apoyo de sus colegas, acusándola de incumplimiento de funciones por un supuesto “reparto” de hospitales y otros espacios de la administración pública a cambio de votos en la Asamblea Nacional.

Dicha causa está en manos del presidente del Parlamento, César Litardo (AP); depende de su decisión que pase a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para su respectiva calificación y traslado a la Comisión de Fiscalización.

Durante la interpelación de la ministra de Gobierno, el martes, Gómez advirtió que el juicio político no es solo por los hechos de violencia de octubre de 2019, sino también porque “se encargó de repartir hospitales privilegiando sus intereses y no los del país”.

“¿Qué vamos a esperar al siguiente juicio para censurarla por eso?”, preguntó y él mismo respondió que no, pues “es hoy cuando la ministra está siendo juzgada políticamente porque repartió los hospitales y más temas que configuran el incumplimiento de funciones”.

“No nos confundamos, hay otro juicio político presentado formalmente, pero el único día que vamos a poder censurarla por sus faltas es el día de hoy. El único día que vamos a poder hacer justicia política por violar la ley es hoy”, afirmó.

Agregó que si bien la ministra fue censurada por dos causales formales, lo que hicieron los 104 asambleístas es retirarle la confianza a toda su gestión, incluido el reparto de hospitales, que ella ha negado en varias ocasiones.

Sin embargo, dijo que el CAL tiene la obligación de tramitar el nuevo pedido de juicio a Romo, pero que los interpelantes no tienen previsto presentar algún documento para presionar su calificación.

El socialcristiano Vicente Almeyda precisó que el Gobierno se equivoca si cree que con la censura a la exfuncionaria por el tema de las bombas lacrimógenas se dejará de lado el siguiente juicio que debe calificarse y que tiene relación con el reparto de hospitales.

Aseguró que el régimen pretendió victimizar a Romo al exponerla al juicio político, pero que su partido considera que debe regresar a la Asamblea por el otro tema planteado.

“Aquí no sucederá que por ser censurada la Asamblea Nacional se olvidará del otro juicio, pues esa solicitud tiene que ser calificada y tiene que tramitarse en este periodo legislativo”, anotó Almeyda.

Durante su defensa, la exministra indicó que si el Legislativo quisiera saber quién designó a los directores de los hospitales, “aquí estarían las ministras de Salud y no la ministra de Gobierno”.

Al momento no existe ninguna convocatoria a sesión del CAL para conocer el nuevo pedido de juicio político.

Romo fue censurada y destituida con los votos de RC, PSC y parte de CREO, AP e independientes. (El Universo)