Las entidades del sistema financiero popular y solidario sí cumplieron con lo previsto en los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en cuanto a los mecanismos de reprogramación y refinanciamiento de obligaciones crediticias, subrayó Margarita Hernández Naranjo, titular de la Superintendencia que controla a este sector, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda.
Explicó que en el segmento de créditos para el sector de la economía popular y solidaria, entre marzo y septiembre de 2020 se registraron 403 561 nuevas operaciones de crédito, por un monto de 2 990 millones de dólares, lo cual refleja la confianza del los ahorristas. Así mismo, entre abril y septiembre de este año se concedieron 120 995 operaciones con la aplicación de, al menos, uno de los mecanismos de alivio financiero dispuestos por la Ley Humanitaria, el 97 % corresponde al ámbito de consumo, es decir, crédito no productivo.
Añadió que 140 entidades de este sector brindaron alivio financiero por 5 903 millones de dólares, sobre la base de lo determinado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. En todos los procesos se aplicó la metodología de un previo acuerdo con los deudores.
Respecto de las denuncias sobre la posible aplicación errónea de las condiciones de alivio financiero, con intereses de mora, la funcionaria dijo que se analizaron los casos y, en su mayoría, fueron absueltas las inquietudes, pues hubo algunas denuncias que no fueron dirigidas correctamente, ya que las entidades a las que se referían no estaban dentro del sistema de la economía popular y solidaria.
En torno a las acciones de control, mediante auditorías y otras modalidades, dijo que se pudo determinar que en ninguno de los casos hubo aplicación de intereses sobre interés, intereses por mora o cualquier otro tipo de rubros, ni recargos adicionales que estuvieron expresamente prohibidos.
Liquidación de cooperativas
Sobre los procesos de liquidación de cooperativas de ahorro y crédito, así como el pago de las acreencias a los 16 mil depositantes perjudicados, la titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aseguró que se han cubierto las acreencias de 428 mil personas, lo que corresponde al 89 %.
Dijo que el 96.5 % de los depositantes recibió el 100 % de sus acreencias, tanto con recursos propios, cuanto con financiamiento proveniente de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), de acuerdo con la cobertura prevista para cada segmento. Restaría por pagar, apenas el 3.6 %, que comprende 8358 personas, cuyas acreencias individuales superan los 50 mil dólares. También hay acreencias insolutas que van de un centavo a cincuenta dólares, cuyo cobro podría costar más que el valor pendiente por recuperar.
Margarita Hernández indicó que el sector financiero de la economía popular y solidaria representa el 13 % del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), genera el 60 % de los empleos directos e indirectos del país y cuenta con una cartera que supera los 12 mil millones de dólares.
Por ello, si bien hay procesos de liquidación, ya sea forzosa o por cualquiera de las otras causales previstas en la ley, la Superintendencia ha propiciado medidas encaminadas al fortalecimiento de este segmento; por ejemplo, los 135 mecanismos de fusión, que beneficiaron a 253 000 socios, ya que se trata de un procedimiento menos traumático para los ahorristas y permite que sigan recibiendo los servicios del sistema cooperativo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, tras agradecer la información, así como la presencia de representantes de personas perjudicadas por el cierre de las cooperativas, aseguró que el clamor de los ahorristas de este sector por recuperar sus recursos es algo similar a lo ocurrido en 1999, durante la crisis bancaria, con sus matices, y es necesario buscar mecanismos de solución que permitan a los socios recuperar sus depósitos.
Sin embargo, más allá de las liquidaciones y fusiones, lo que preocupa es que, en algunos casos, no se les devuelva los depósitos porque no pueden justificar el origen lícito de sus acreencias. Allí habría temas que se deben considerar para contribuir a una solución, ya sea a través de resoluciones de los organismos de control de ámbito financiero o, a su vez, con reformas a la normativa vigente para ampliar la capacidad del seguro de depósitos.
