Entre 300 y 500 “gambas” y de 3 a 5 “lucas”, además de botellas de whisky, se exigía a familiares de personas privadas de la libertad (PPL) con la finalidad de otorgar beneficios penitenciarios.

Los cobros, calificados como “ayudas”, dependían de la capacidad económica de cada familia, según se evidenció en la reproducción de los audios extraídos de los celulares incautados, que constan en la pericia de audio y video practicada por el experto criminalístico, quien fue llamado por el fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán, a testificar en el cuarto día de juzgamiento del caso “El Rodeo”, que se desarrolló este jueves.

En su intervención, que demoró más de cinco horas, el perito sustentó su experticia de 621 hojas, relacionada con la transcripción de conversaciones de WhatsApp, ante el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí.

En estos mensajes, el perito demostró la forma cómo se exigía dinero a las víctimas y cómo se lo repartían entre algunos de los acusados, además, que las 500 “gambas” (dólares) era lo mínimo que exigían los jueces, según las conversaciones extraídas.

Es decir, los acusados –que son siete funcionarios públicos y un abogado en libre ejercicio– se habrían asociado para exigir dinero y botellas de wisky a cambio de un servicio público que por ley es gratuito.

Avanzadas la tarde y noche del 19 de noviembre de 2020, comparecieron cuatro testigos más. Tres de ellos conformaron el equipo técnico de la Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para analizar 91 carpetas de privados de la libertad, que habrían solicitado un beneficio penitenciario.

En sus testimonios, relataron el proceso de análisis y la identificación de incumplimientos de requisitos de ley en 61 carpetas, como la ausencia de certificados psicológicos, índice de proclividad delictógena, de acogida familiar, certificados de permanencia judicializaciones sin el informe previo del SNAI, entre otros.

La información proporcionada por los testigos ante el Tribunal Penal sustenta la teoría del caso de Fiscalía: la concesión de beneficios penitenciarios sin el cumplimiento de requisitos de ley, para lo cual se entregaba dinero y botellas de licor a un abogado particular y a funcionarios públicos.

La diligencia se reinstaló, de forma presencial, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional. La Fiscalía General del Estado procesa a ocho personas, siete como autores y uno como coautor de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones. Todos son abogados: tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, cuatro funcionarios públicos del SNAI y uno en libre ejercicio de la profesión.