Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, desarticuló una presunta organización delictiva, encargada de ejecutar sicariatos, robos a domicilios y venta de droga. Diez personas fueron procesadas, tras su detención en los operativos ejecutados la madrugada de este jueves 12 de noviembre en Guayaquil y Daule.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unida Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Pedro Intriago Leones, presentó como elementos de convicción: los informes preliminares de investigación levantados por los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía Nacional, los partes de aprehensión de los detenidos, los informes de vigilancia y seguimiento a los investigados y denuncias reservadas de la ciudadanía, que fueron de soporte para el inició de las investigaciones, el 8 de septiembre de 2020.

El juez de Garantías Penales, Homero Tayupanda, acogió el pedido de Fiscalía, y dictó prisión preventiva para los diez procesados: Julio Fernando C. V., Juan de Jesús B. B., Lisbeth Arelis M. C., Jefferson Javier J. V., Jorge Luis M. V., Luis Alfredo V. P., Rodrigo Xavier G. A., John Lennon F. C., Néstor Alberto R. P. y David Miguel A. O. La instrucción fiscal durará noventa días.

Contexto

Con la participación de quince agentes fiscales, que intervinieron en los allanamientos ejecutados en Guayaquil (sectores de Las Malvinas, Los Claveles, Guangala y cooperativas Jaime Roldós y Esmeraldas Chiquito) y en Daule (en una urbanización privada), se logró la detención de diez personas y la incautación de teléfonos celulares, dinero en efectivo y sobres con droga en pequeñas cantidades (entre cocaína y heroína). Todo se encuentra inventariado y en cadena de custodio en la Policía Antinarcóticos del Guayas.

Esta presunta organización delictiva estaría al mando de Julio Fernando C. V., quien delegaba a algunos de sus subalternos actividades relacionadas a la venta de droga, que era distribuida en el sur de Guayaquil.

Además, presuntamente dirigía y disponía la intervención de otros procesados (que serían parte de otras agrupaciones delictivas) para que asesinaran bajo modalidad de sicariato.

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.