El ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, compareció ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para informar sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, a través del Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-172, respecto del registro de modalidades y acuerdos laborales. Mencionó que esto permitió evitar que más empleos se pierdan, la transición para regresar al empleo adecuado y ayudó a generar nuevas plazas de trabajo.
El funcionario sostuvo que los resultados han sido buenos. 75 mil empleos se han salvado, más de 230 mil empleos se crearon desde la aprobación de la Ley Humanitaria y 25 mil con la aplicación del contrato emergente. Además, se crearon 16 929 nuevos contratos, desde el 30 de junio de 2020, aseguró.
Según los datos revelados por el ministro de Trabajo, las nuevas modalidades de contratos por giro de negocio, con la aprobación de la Ley Humanitaria, se activaron en el sector productivo, turismo, emprendimiento y, contrato joven y de formación. Aseguró que las modalidades contractuales actuales generan estabilidad para el trabajador, prevén una remuneración justa y beneficios sociales.
Regulación del socio trabajador
Sobre la aplicación del Acuerdo Interministerial No. MDT-IEPS-2020-001, en el cual se expide la normativa para regular la relación entre la organización asociativa de Economía Popular y Solidaria y el socio trabajador, el Ministro señaló que lo que se trata es de ayudar a identificar la real naturaleza de los socios. La regulación se aplica para casos específicos, puntualizó.
A criterio de Katiuska Molina, representante de la Coalición Nacional de Economía Popular y Solidaria, el acuerdo es ilegítimo porque se los considera como trabajadores cuando son socios, atenta a los principios de economía popular y solidaria, por lo que pidió su derogatoria.
Reconocimiento de Artesanos
En cuanto a los títulos artesanales que se encuentran refrendados solo por el Ministerio del Trabajo, Carlos Sánchez, director Nacional Soberano y ex presidente de la Interprofesional de Artesanos Pedro Vicente Maldonado, insiste en que los títulos deben ser refrendados, según la Ley de Defensa del Artesano, también por el Ministerio de Educación.
El ministro Isch dijo que el tema ha sido explicado en reiteradas ocasiones así como por la propia sentencia de la Corte Constitucional. Lo que se pretende es que se deje sin efecto 73 mil títulos de artesanos que han sido adecuadamente otorgados, aseguró.
Explicó que según los criterios jurídicos, se reitera que la Junta Nacional de la Defensa del Artesano y el Ministerio de Trabajo constituyen los entes encargados para establecer la formación, titulación, refrendación y calificación artesana, a nivel nacional, garantizando los derechos profesionales y socioeconómicos de los artesanos, de tal manera el Ministerio de Educación se abstiene de participar en dichos procesos.
Renuncias obligatorias
En respuesta a la aplicación de la Sentencia de la Corte Constitucional, respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto No. 813 relacionado a la compra de renuncias obligatorias para los servidoras y servidores públicos, el Ministro señaló que los efectos son a futuro y no retroactivos; ninguna autoridad va a poder aplicar el decreto que acaba de ser declarado inconstitucional, por lo tanto, en ningún caso, aplicar la compra de renuncias obligatorias y tampoco se puede exigir la devolución de los valores para regresar a la función pública.
Gustavo López León, presidente de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo No. 813, mencionó que la renuncia obligatoria viola los derechos universales de los trabajadores y se puede transformar en un despido intempestivo. Planteó el reintegro a sus puestos de trabajo, la reparación a sus derechos y que se derogue el mencionado decreto.
Trabajadores EXPLOCEN
Freddy Caiza, representante de los trabajadores de EXPLOCEN, tras informar que están cuatro meses en huelga, sostuvo que la garantía de los derechos de los trabajadores no se está cumpliendo, por el solo hecho de pedir la estabilidad laboral establecida en un contrato colectivo. Aseguró que su caso no es solo laboral, sino humanitario, no tienen sueldos y les han reducido las horas laborales.
El funcionario señaló que el Ministerio de Trabajo no tiene competencias para emitir sentencias sino que las decisiones las toma un tribunal que está conformado por trabajadores y empleadores y se debe respetar por las partes.
