Cuatro personas fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al proceso por presunto delito de delincuencia organizada para ejecutar actividades delictivas con el fin de obtener beneficios económicos, entre estos, la comercialización irregular de pruebas Covid-19 e insumos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Para los ciudadanos extranjeros Oren Sh. y Orietta Isabel M. P., la Jueza de Garantías Penales ordenó prisión preventiva, mientras que para los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V., la Magistrada dispuso presentaciones semanales y prohibición de salida del país, a pesar de que Fiscalía solicitó prisión preventiva para el último.

Como medidas cautelares de carácter real, se ordenó la retención de cuentas por 16.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por el monto de 49.222 dólares, por cada uno de los vinculados.

Además, la retención de dos vehículos y de 312.510 dólares y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia.

La audiencia de vinculación al proceso se instaló la tarde del 12 de noviembre de 2020 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Fiscalía explicó ante la Jueza que se investiga la facilidad que los ciudadanos habrían dado para comercializar, de manera irregular, insumos médicos como mascarillas KN95 y pruebas rápidas de Covid-19.

“Incluso, la ciudadana de nacionalidad peruana, Orietta Isabel M. P., compró un vehículo en 41.000 dólares, adquisición que no ha sido justificada en legal y debida forma. Presumimos que el vehículo fue utilizado en los actos objeto de investigación”, señaló Fiscalía durante la audiencia.

Con esta vinculación, el número de procesados asciende a nueve personas.

Antecedentes

La instrucción fiscal se abrió el 13 de agosto de 2020 contra tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R.

También están procesados en este caso el expresidente de la República, Abdalá B. O., y su hijo, Jacobo Abdalá B. P. Este último, vinculado al proceso el 26 de septiembre de 2020, después de su expulsión de Colombia, debido a su irregular situación migratoria.

La teoría que mantiene Fiscalía es que los procesados habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Los delitos fines serían “enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida, que se están investigando”.