Ante los constantes recortes presupuestarios, la Comisión Especializada de Educación trata de garantizar, incluso blindar, los recursos suficientes para el normal y efectivo funcionamiento de todo el Sistema Educativo, en el contexto de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

La mesa se encuentra en la fase de incorporación de las propuestas que lideraron y construyeron cada uno de los comisionados, con la activa participación de gremios, organizaciones sociales, docentes, federaciones estudiantiles, instituciones públicas (ministerios de Educación, Finanzas, Senescyt, Caces) y entidades internacionales (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y Naciones Unidas).

Doce temas específicos se abordaron en 40 talleres de trabajo; ya solo quedan dos puntos para ser analizados, luego vendrá la preparación del articulado para votación final. En diciembre se tendría listo el informe de segundo debate.

Protección de la niñez

El legislador Jimmy Candell destacó la inclusión del sistema de protección de derechos en contra de delitos de violencia, incluida la violencia y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos. Esto, en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llamó a Ecuador a adecuar su legislación, a fin de efectivar la protección de este grupo de atención prioritaria.

Puso de manifiesto, además, el nuevo modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, que dispone que los aprendizajes y la parte pedagógica se ajusten a las necesidades de pueblos y nacionalidades.

Profesionalización

La propuesta, se enfoca, adicionalmente, en la mejora de la profesionalización docente, estableciendo que las instituciones de educación superior brinden capacitación a los maestros, a más de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), que hoy se ha visto limitada para cumplir su función por el recorte de su presupuesto.

Aquí es importante la dignificación de su estatus como docente, para lo cual se fijan mecanismos de protección. En este proceso entran: escalas remunerativas justas y mejoramiento de salarios, a la par del esquema del personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, especialmente en beneficio de los que recién ingresan en el Magisterio, concluyó.