El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, 126 votos afirmativos, el proyecto de reformas al Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Con esta norma, que beneficiará a cientos de familias ecuatorianas, el Legislativo lleva 15 leyes aprobadas bajo modalidad virtual, así lo destacó el titular del Parlamento, César Litardo Caicedo.

El proyecto en mención, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, fue una iniciativa impulsada por el asambleísta César Rohon.

El presidente de la Comisión y ponente del proyecto, Esteban Albornoz, hizo un recuento de varias leyes que se aprobaron con el fin de solventar el problema de los acreedores de buena fe afectados por la crisis de 1999, sin embargo, no se llegó a un buen término. Señaló que la mesa pretende dar solución a este colectivo para que después de 21 años obtengan los títulos de sus propiedades.

Mencionó que durante el tratamiento del proyecto se contó con la participación y trabajo del Banco Central del Ecuador, Inmobiliar y representantes de los acreedores de buena fe, por lo que ha resultado un proyecto con un alto grado de consenso.

Reformas

El ponente del proyecto destacó que se reforma el artículo 28 en tres puntos.

En el primer artículo se establecen los procesos de transferencia de dominio de los bienes inmuebles que se encuentren registrados a nombre del Banco Central del Ecuador, del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) o quien haga sus veces, o del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a las personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El segundo artículo desarrolla los requisitos y el procedimiento a seguir por parte de los compradores o promitentes compradores; así como, de las instituciones estatales para la transferencia de dominio de bienes inmuebles.

Finalmente, el tercer artículo determina la casuística en el consentido de existir pagos parciales realizados por los compradores o promitentes compradores sobre bienes inmuebles, la recuperación de saldos adeudados, la remisión de gastos y costas judiciales; así como, de intereses legales y moratorios que se hubieren generado; y, el establecimiento de una tasa de interés para el pago de saldos pendientes.

Debate

El asambleísta César Rohon, quien impulsó la iniciativa, manifestó que los acreedores de buena fe anhelan y esperan que se haga justicia y puedan ser legalmente propietarios de sus activos. Recalcó que el Estado debe devolver a los ciudadanos sus propiedades a través de una escritura pública, ya que muchos cancelaron la totalidad de sus bienes, y quienes no lo hicieron con esta ley tienen la posibilidad de efectuarlo mediante pagos parciales.

Durante el debate, los legisladores manifestaron que en 1999 los ecuatorianos fueron perjudicados por determinados bancos y los responsables aún no han sido sancionados. Estuvieron de acuerdo en que era hora de hacer justicia con los ciudadanos afectados y pidieron hacer varias modificaciones en el artículo 28.2, Requisitos específicos.

Señalaron que los acreedores de buena fe durante años no han contado con las herramientas jurídicas necesarias para legalizar sus bienes, por eso dijeron que es necesario aprobarla para poner punto final a la crisis de 1999.

Otros señalaron que la crisis fue creada por los dueños de los bancos privados y eso provocó una oleada migratoria. Así también, solicitaron transparentar información sobre cuántas personas serían beneficiadas, cuántos serían los bienes transferidos, entre otros aspectos.

Los parlamentarios pidieron que se establezca una disposición que determine que el resultado de la aplicación sea conocido semestralmente por la Comisión de Desarrollo Económico. Además, recomendaron establecer un plazo de 180 días para ejecutar las transferencias de los bienes.

Puntos acogidos

Una vez que culminó el debate, el ponente del proyecto indicó que se acogieron varias observaciones realizadas por los asambleístas durante el segundo debate, entre ellas: en el artículo sobre Requisitos, los acreedores de buena fe deberán presentar documentos probatorios públicos y privados.

Así mismo, la Asamblea Nacional deberá hacer seguimiento a este proceso de transferencia de bienes y las instituciones pertinentes informarán trimestralmente a la Legislatura sobre estos actos. 

Sobre el plazo de 180 días para la transferencia de bienes, el legislador Albornoz apuntó que esto podría convertirse en un problema, porque si pasa dicho periodo y los herederos o propietarios, por ejemplo, están fuera del país se produciría un nuevo conflicto.

Una vez aprobada la norma esta pasará al Ejecutivo para su aprobación u objeción.