La Comisión de Biodiversidad recibió, de manera virtual, a varias autoridades, con el fin de tratar temas relacionados con la incursión de flotas extranjeras, la pesca ilegal y la contaminación de plástico en el mar. En este marco, Darwin Jarrín, comandante General de la Armada del Ecuador, señaló que esta institución realiza constantemente actividades de control de los espacios acuáticos jurisdiccionales, con operaciones de vigilancia, exploración, reconocimiento e identificación de contactos de interés, en defensa de la soberanía e integridad territorial.
Jarrín dijo que su labor diaria la hacen con tecnología de punta; además, pusieron a prueba un nuevo sistema de geolocalización de embarcaciones que desconectan sus localizadores para, supuestamente, realizar actividades no legales. Mediante aeronaves hacen sobrevuelos, verificando que ningún buque entre a pescar en nuestras aguas jurisdiccionales.
El 95 % de embarcaciones son de bandera China, el 2 % de Panamá, aunque sus armadores son chinos; otros de Liberia y Taiwan 1 % y desconocidos 1 %. En el 2020 han sido detenidas por pesca ilegal 20 embarcaciones nacionales; 14 de Perú, a través de un plan de acción nacional e interinstitucional.
El comandante mencionó que es necesario pasar de un control de marina costera a uno oceánico, tomando en cuenta que las amenazas actuales de actividades extractivas ilícitas en el mar se realizan a 2000 kilómetros. Para ello se requiere contar con los recursos económicos y un buque actualizado, porque el actual “Orión” es bastante obsoleto, con 39 años de servicio, tiene velocidad limitada y afecta a los desplazamientos.
Pidió a la Asamblea Nacional aprobar el proyecto de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad de Protección Marítima, porque la Ley que les ampara al momento es el Código de Policía Marítima que data de 1950, es decir, está fuera de tiempo y es inaplicable.
En cambio, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, mencionó que en los meses de julio y agosto de 2020 se detectó nuevamente la presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras en áreas adyacentes a la Zona Exclusiva del Ecuador, por lo que el Gobierno reforzó el control y vigilancia de dichas naves para evitar su ingreso.
Como acción bilateral, se expresó al gobierno de China la importancia de la correcta aplicación de los sistemas de monitoreo satelital de los buques pesqueros, a fin de controlar por este medio las prácticas de reabastecimiento de combustible en el mar, el trasbordo de la pesca a otros buques, los posibles cambios de abanderamiento y otras actividades que sean de interés para la autoridad marítima. Ecuador propuso a China un protocolo de visitas e inspecciones para las embarcaciones, añadió.
Así mismo, Gallegos dijo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se realizaron acciones regionales, multilaterales; y se conformó una alianza público-privada para la defensa de la reserva marina de Galápagos; se propició la cooperación científica, entre otras acciones.
Sobre la contaminación marina, precisó que Ecuador participa desde hace varios años en múltiples esfuerzos para encontrar una respuesta mundial conjunta y coordinada a la problemática que genera la contaminación de plástico en los océanos. Se ha podido vincular la presencia de plásticos en las costas de las islas Galápagos como un elemento asociado a la actividad pesquera de flotas internacionales, precisó el ministro de Relaciones Exteriores
Por su parte, Andrea Colombo, directora Nacional de Aduanas, explicó el proceso de exportación de pescado seco y aletas de tiburón. Dijo que durante el 2019 se realizaron 665 declaraciones de exportación de pescado seco, por un monto de 6.6 millones de dólares; mientras que en lo que va del 2020 han sido 415 por 5.5 millones de dólares. En cuanto a las aletas de tiburón se han exportado 6.44 millones de dólares desde el 2019 a la fecha, equivalente a 189 toneladas.
Respecto a las acciones adoptadas por la Senae sobre la exportación de tiburón a Hong Kong en enero de 2020, precisó que el 14 de mayo de 2020 presentaron la denuncia a la Fiscalía por falsificación de documento. El 28 de agosto se entregó un informe emitido por la Dirección Nacional de Intervención para que sea incorporado en el expediente fiscal.
En cambio, Gabriela Montoya, exresponsable de la coordinación interinstitucional en la implementación de la Cites para las especies marinas y/o dulceacuícolas, dijo que para el caso de tiburones, a pesar de ser especies silvestres y varios de ellos amenazados, las actividades están reguladas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por tanto el Ministerio de Ambiente y Agua coordina acciones con esta instancia para emitir permisos de exportación e importación de especies listadas.
Respecto de la incautación de 26 toneladas de aletas de tiburón, realizada por Hong Kong, posiblemente de origen ecuatoriano, informó que se realizaron acciones de levantamiento de información con la Senae, basado en el requerimiento realizado por la autoridad administrativa Cites de Ecuador, razón por la cual se comunicaron con el departamento de aduanas de impuestos especiales de Hong Kong, al igual que se requirió a la Cancillería consiga información sobre este decomiso.
Los comisionados también escucharon a Natacha Benítez y a Javier Silva Espín, representantes de la empresa Acuatilsa, quienes explicaron la problemática que afrontan sobre la pérdida de cinco mil alevines del pez paiche que sufrieron en el año 2019, como consecuencia de los trámites aduaneros en la ciudad de Quito.
Sobre este particular, Andrea Colombo indicó que la empresa Acuatilsa no presentó la documentación completa ya que debía tener el permiso de control previo para el desembarque de los alevines, al desconocer este trámite, inicia recién el procedimiento luego de la llegada del producto, que con la demora de tiempo causó la muerte de los mismos. Los representantes de Acuatilsa no estuvieron de acuerdo con la respuesta de la autoridad de la Senae. La Comisión hará un seguimiento de este tema.
