En el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Empresas Públicas, la Comisión de Desarrollo Económico recibió al viceministro de Economía, Fabián Carrillo y a varios representantes de esa cartera de Estado, así como al viceministro de Trabajo, Ricardo Moya, quienes explicaron en qué consisten las modificaciones a la normativa.
En su intervención Carrillo indicó que esta reforma permitirá mejorar la institucionalidad de las Empresas Públicas (EP). Al mismo tiempo, detalló los seis ejes principales de la modificación: Definición e Institucionalidad de las EP, Estructura de Gobernanza Corporativa, Régimen de Excedentes y Adquisiciones, Régimen Laboral, Procesos de Transformación de las EP y Transparencia; y, Vigilancia y Control.
Jorge Mauricio Falcón, representante del Ministerio de Economía, presentó los antecedentes de la situación de las empresas públicas. Mencionó que la Función Ejecutiva tiene 23 empresas públicas que, entre 2016 y 2020, dejaron pérdidas acumuladas para el Estado ecuatoriano por 322 millones de dólares.
En su comparecencia señaló que entre los principales puntos de diagnóstico de la evaluación técnica internacional, realizada en 2018, se encontró debilidad en la gestión corporativa en diversos aspectos; débil manejo financiero, rendimientos económicos mermados, poca transparencia, directorios con poca eficiencia y débil institucionalidad.
Inquietudes
Los asambleístas presentaron varias inquietudes sobre la administración de las EP. La primera intervención fue de la asambleísta Doris Soliz, quien señaló que sí hay empresas rentables y señaló a Petroecuador, CNT y Celec. Dijo que este proyecto debe ser objetivo y no señalar que el manejo de lo público es ineficiente y el manejo de lo privado eficiente. Mencionó que la Comisión está de acuerdo en fortalecer los mecanismos de transparencia para fortalecer a las EP.
De su parte, el legislador Fernando Callejas mencionó que las EP han sido una fuente de drenaje inmisericorde de recursos de los ecuatorianos que pudieron servir para mejores causas. Al mismo tiempo, cuestionó sobre el excesivo pago de salarios a los gerentes de dichas empresas.
Mientras que el parlamentario César Rohon manifestó que las empresas públicas no son casas de beneficencia y no pueden convertirse en carga pesada para el Estado. Mostró su preocupación debido a que el 84 % de estados financieros no son respaldados por procesos de auditorías. Señaló, además, que se debe racionalizar los sueldos de sus autoridades.
El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, durante su intervención pidió que se entregue la información completa para conocer cuál es el verdadero estado de las EP. Indicó que para solucionar varios problemas que actualmente se presentan no es necesaria una ley, sino la adopción de buenas decisiones políticas y liderazgo claro sin injerencias de ningún tipo.
Rubén Bustamante estuvo de acuerdo en que es necesaria una reforma a la Ley de Empresas Públicas, a la vez, solicitó conocer las nuevas estructuras de tales entidades, así como la planificación, control y su finalidad.
Ejes de la propuesta
Respecto al eje 1, sobre la Definición e Institucionalidad de las EP, Mauricio Falcón, dijo que estas seguirán en propiedad del Estado y velarán por las buenas prácticas del gobierno corporativo. Además, una EP podrá constituirse y subsistir si puede desarrollar por cuenta propia y de manera autosostenible sus actividades.
Fabián Andrade, funcionario del Ministerio de Economía, explicó sobre el eje 2 de la reforma: Estructura de Gobernanza Corporativa, la propuesta es que en el tema de seguimiento y evaluación exista un Consejo General (órgano colegiado); en cuanto a políticas y directrices generales haya un Organismo de Coordinación de Empresas Públicas (administración) y en cuanto a la Ejecución se establezcan directorios. La vigilancia y control estaría en manos del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Contraloría General del Estado.
Respecto al eje 3, Régimen de Excedentes, Mauricio Falcón recalcó que la propuesta es equiparar la disciplina fiscal con el sector privado y establecer reglas claras para su manejo, mediante una cuota ordinaria de excedentes, liquidada de manera análoga al régimen impositivo empresarial; control análogo al control fiscal de una empresa privada e inversión de remanente de excedentes en proyectos estratégicos.
Sobre el punto 4, Régimen Laboral, Ricardo Moya, viceministro de Trabajo, explicó que la reforma fortalecerá la gestión de Talento Humano y el desarrollo de las EP, a través de condiciones laborales competitivas; equidad, mérito, transparencia, acción correctiva y eficiencia operativa.
En el eje 5, sobre el Proceso de Transformación de Empresas Públicas, Gabriel Pazmiño, gerente Coordinador de la EMCO, indicó que la propuesta es incorporar un régimen claro respecto a los procesos de transformación de las EP, con la clarificación de procedimientos, activos y pasivos, y la participación del Estado en procesos de transformación.
En el punto 6, Transparencia, Vigilancia y Control, la alternativa es incorporar reformas que incluyan responsabilidades societarias y tributarias, además, de eficiencia en procesos para control y auditoría por medio de la institucionalización de la vigilancia y el control, el fortalecimiento de la auditoría externa e implementación de Nifs.
Una vez concluidas las intervenciones, el viceministro de Economía propuso instalar una mesa de trabajo permanente para absolver dudas permanentes respecto al proyecto de Ley. La propuesta fue acogida por el titular de la Comisión.
