La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, sesionará este sábado, 31 de octubre, con el propósito de recibir a María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, quien presentará sus pruebas de descargo, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra, auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
Si bien la secretaria de Estado, el pasado 23 de octubre, envió por escrito sus respuestas a las acusaciones presentadas en su contra, en esta ocasión lo hará de manera verbal, en el marco de la sesión virtual 20 de la Comisión de Fiscalización, prevista para este 31 de octubre, a partir de las 08h00.
En el documento enviado al organismo fiscalizador, la ministra desvirtúa las afirmaciones de los legisladores Cuesta, Naranjo y Gómez, partiendo de su afirmación en el sentido que no cabe un enjuiciamiento político sobre hechos respecto de los cuales la Asamblea Nacional ya conoció e investigó, a través de una comisión especial ocasional multipartidista y respecto de cuyo informe el Pleno emitió una resolución que en ninguna de sus partes determina que haya existido responsabilidad política alguna imputable.
Así mismo, niega que la Asamblea tenga competencia para determinar responsabilidades como las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, tampoco tendía atribuciones para determinar responsabilidades administrativas disciplinarias, como lo sugieren los interpelantes, al haber incumplido el artículo 120, numeral 25, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), norma aplicable a los miembros de la Policía Nacional.
En torno al uso de bombas lacrimógenas caducadas, María Paula Romo considera necesario distinguir entre las labores que realiza la ministra de Gobierno y las de la Policía Nacional, como se le ha explicado anteriormente, pues se confunde una y otra vez las funciones y responsabilidades de la Policía y las que corresponden al Ministerio de Gobierno. En este caso, se atribuye como incumplimiento de funciones las labores que corresponde a la función operativa de la Policía Nacional, como si la Ministra de Gobierno, una autoridad civil, fuera una policía más.
Finalmente, la funcionaria subraya que, tomando en consideración que, de la lectura de la solicitud de juicio político no queda claro si está siendo cuestionada porque la Policía Nacional actuó haciendo uso excesivo de la fuerza o, por el contrario, con menos fuerza de la que se esperaba.
