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Fiscalización investigará reprogramación de líneas de crédito con entidades del sistema financiero y no financiero
Política
Publicado en 29/10/2020

 

La Asamblea Nacional, con 100 votos afirmativos, resolvió iniciar un proceso de fiscalización a las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que sus máximas autoridades informen las acciones tomadas respecto de la reprogramación de pagos de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, que en estos momentos se encuentran cobrando intereses de mora sobre el capital de valores diferidos que no han podido ser cancelados por la pandemia del Covid-19.

 

El legislador Alberto Arias, proponente del proyecto recordó que la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19, promulgada el 22 de junio del 2020, prohíbe cobrar intereses de mora sobre el capital.

 

La resolución adoptada en el Pleno determina que las dos autoridades deberán indicar cómo se ha aplicado la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, con relación a lo estipulado sobre líneas de créditos reprogramadas, según lo dispuesto en los artículos 10 y 12, así como en las respectivas resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

 

Todo esto, en el marco de la muestra de datos que han sido recopilados de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, comprendidas en 784 operaciones de crédito en la Superintendencia de Bancos y 1935 operaciones de crédito en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como en razón de cualquier otra información que la Comisión considere pertinente.

 

La Comisión de Fiscalización, en el plazo máximo de 10 días, a partir de cumplidas las comparecencias dispuestas, deberá elaborar un informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea, que recomiende en lo principal, actuaciones legislativas específicas para precautelar los derechos de los ciudadanos respecto de sus obligaciones financieras, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19.

 

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