“El debate, ahora, es si la protesta es el mecanismo para imponer sus ideas; hoy se dice que quienes estaban garantizando los derechos eran ellos, cuando la violencia de las manifestaciones a la Policía le llevaron al límite”, dijo el comandante General, Hernán Patricio Carrillo, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda.
Carrillo, comandante de la Policía, compareció este miércoles, 28 de octubre, para explicar los aspectos operativos de la respuesta policial de octubre 2019, como parte de las pruebas de descargo solicitadas por María Paula Romo, ministra de Gobierno, en el marco de la sustanciación del juicio político propuesto por los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
Recordó que, si bien la misión de la Policía Nacional es velar y proteger los derechos de los ciudadanos, así como controlar el orden público, Ecuador vivió once días que lo llevaron al caos, a la anarquía por parte de una multiplicidad de actores que actuaron de manera violenta, hasta con acciones de terrorismo, como el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado; toma de servicios y edificios públicos; y, el secuestro de ciudadanos, policías y periodistas.
Nosotros, en esos momentos aciagos, teníamos el deber de controlar, mantener y reestablecer el orden. Parece más fácil decir que hacerlo, pues no es lo mismo el trabajo del gerente que el del obrero y, en este contexto, el diseñador de política pública es quien tiene el rol, en estos momentos de paz, para crear la norma que sea necesaria para un actuar judicial, mientras la Policía tiene que priorizar operativamente las decisiones para defender los derechos y libertades de la mayoría, añadió.
El general Hernán Patricio Carrillo subrayó que no se cuenta con una Ley que establezca con claridad cómo se debe aplicar el uso progresivo de la fuerza, sin embargo, la institución responde a las actuaciones de los manifestantes en la medida de lo necesario y proporcional, considerando que en ese momento la Policía tuvo que atender 250 incidentes por día, solo en la ciudad de Quito.
Aseguró que la Policía no puede actuar de acuerdo con la psicología individual de los participantes de una protesta y, en este sentido, el accionar responde a los niveles de violencia con que actúan los grupos beligerantes, de allí que los límites del uso de la fuerza responden a los límites legales del derecho a la protesta, enfatizó.
De otro lado, el comandante de la Policía descartó que se haya utilizado armamento letal. “No hay registro del uso de armas, ni municiones letales; la violencia ejercida por los manifestantes generó la reacción proporcional de la Policía”, reiteró.
Al ser consultado sobre la conformación del Comité de Protección de Periodistas, el máximo personero de la Policía indicó que frente al secuestro de policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se conformó este comité, con los representantes de los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores, de Naciones Unidas, de Fundamedios así como de familiares de los periodistas, lo cual permitió encontrar una salida a la retención involuntaria de este grupo de ciudadanos.
Roberto Gómez, en su condición de asambleísta interpelante, tras formular varias preguntas al titular de la Comandancia de Policía, aseguró que la versión rendida ante la Comisión de Fiscalización, lejos de constituir pruebas de descargo, ratifica todos y cada uno de los argumentos de cargo presentados en contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, criterio con el cual coincidió la legisladora Mercedes Serrano.
La sesión del organismo duró cerca de cuatro horas, debido al alto número de preguntas que formularon verbalmente, tanto los comisionados, cuanto los asambleístas interpelantes, basándose inclusive en la presentación de algunos videos sobre los hechos de violencia registrados entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, a través de los cuales se evidenciaría que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
