El debate sobre la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); la bicameralidad de la Asamblea Nacional; y, la autonomía de la Fiscalía, que constan en el proyecto de reforma parcial a la Constitución, se profundiza dentro de la Comisión Ocasional de Enmiendas, que preside Elizabeth Cabezas.
La iniciativa legal propuesta por el Comité por la Institucionalización Democrática se alimenta de los insumos que recoge la Comisión, previo a elaborar el informe para segundo debate. En esta ocasión, el primero en intervenir fue Arturo Donoso Castellón, catedrático Universitario de Derecho Penal, exmagistrado Conjuez de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien participa del criterio de la autonomía e independencia de la Fiscalía y de los fiscales en sus diferentes niveles.
Subrayó que en el ámbito administrativo hay que normar todos los procedimientos garantizando el debido proceso de los fiscales, para que no existan abusos ni arbitrariedades. Afirmó que el Fiscal General y los fiscales en todos los niveles deben ser escogidos por méritos y conocimientos, tanto jurídicos como penales, porque solo así estarían capacitados para dirigir la investigación procesal y la instructiva, llegar al juicio y convertir las evidencias en pruebas. Por tanto, la Fiscalía no puede estar sujeta de ninguna manera a presiones económicas, políticas o de ninguna otra índole.
Para cumplir esta finalidad, la Fiscalía debe tener la capacidad plena de autodeterminarse libre de toda acción para poder investigar sin obstáculo, sin excluir a las altas autoridades del Estado, puntualizó.
Respaldo a la reestructura de la Función Legislativa
Milton Aguas, del Consejo Sectorial Campesino de Galápagos, está de acuerdo que la designación de las autoridades de control debe ser desde la Función Legislativa, pues el Cpccs no puede ser “juez y parte” porque pierde la capacidad de realizar el control. No obstante, se mostró partidario en que no debe desaparecer la estructura institucional de la participación ciudadana.
Además, que debe haber una representación de las regiones, distritos y territorios en la nueva estructura de la Función Legislativa, con la que está totalmente de acuerdo; y, también coincide con la autonomía de la Fiscalía.
Pertinencia del Cpccs
Por último, participaron los directivos del Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador (CNOCE), quienes defendieron la institucionalidad del Cpccs. Édison Mendoza presidente ejecutivo dijo que no se trata de la institución, sino de los malos funcionarios al mostrar su posición porque se mantenga el Consejo de Participación Ciudadana.
Está de acuerdo sea reformado las atribuciones del Cpccs pero no que se elimine, porque sería retroceder en democracia. La participación ciudadana es importante en la vigilancia de los procesos, precisó y pidió reflexionar sobre esta institución, que patrocina la participación y al eliminarse quedaran desprotegidos, agregó.
Los ciudadanos quieren ser parte de las decisiones de gobierno y el Cpccs es el canal, dijo por su parte Pablo Ruiz, segundo vicepresidente de este organismo, al precisar que a través del Cpccs se promueven políticas institucionales sobre la gestión de los asuntos públicos.
Teddy Tama, asesor jurídico, aseguró que se trata de una lucha ganada de las organizaciones ciudadanas y que la participación es un aliciente para los ciudadanos que quieren un mejor Ecuador. “Están restringiendo derechos y garantías”, apostilló. Margarita Ortega, subcoordinadora Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia de Mujer, dio ha conocer el trabajo desplegado por la ciudadanía organizada, en cuanto a la ejecución de las políticas públicas.
El legislador Héctor Muñoz indicó que el proyecto en debate está bien estudiado, pero cree que es necesario profundizar sobre una eventual inconstitucionalidad y sobre la necesidad de una posible enmienda para su aplicación. Reflexionó sobre las limitaciones que podría tener el Fiscal General del Estado, para garantizar los derechos y el trabajo de los fiscales del país.
