El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó que, según la evaluación de los organismos de derechos humanos, se evidenció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, para la dispersión de las protestas ocurridas entre el 2 y el 13 de octubre de 2019. Carrión compareció en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno.
Carrión subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el riesgo real que representa la persona y con el nivel de resistencia, lo cual no se observó en la aplicación de los operativos de seguridad durante las protestas de octubre.
El defensor del Pueblo aseguró que, entre las conclusiones a las que llegó el organismo, los hechos de violencia registrados por parte de Policía no pueden ser vistos como hechos aislados; actuaron con la repetición de conductas violentas que causaron serios, y en muchos de los casos, irreversibles daños a la población civil. La Policía utilizó 36 500 servidores de la institución para sofocar las protestas de octubre, es decir, el 88 % del total del talento humano policial, dijo.
Freddy Carrión enfatizó que de ninguna manera se justifica la violencia, el Estado no puede actuar con la misma actitud de la persona violenta, porque el Estado es el detentador de la fuerza. Si hay hechos vandálicos, saqueos, incendios o cualquier otro tipo de actos violentos, le corresponde al Estado investigar, aprehender y juzgar a los responsables, añadió.
Recordó que de los 802 procesos penales que están en la Fiscalía, 19 corresponde a extralimitación en el ejercicio por un acto de servicio, es decir el uso desproporcionado de la fuerza, la mayoría de estos procesos está en indagación previa.
Entre los resultados expuesto por el Defensor Público constan: 1192 personas detenidas ilegalmente, muchas de las cuales fueron incomunicadas, se privó ilegalmente de la libertad a adolescentes y personas con discapacidad; se registraron 1340 personas heridas, 20 de ellas perdieron un ojo por impacto de bombas lacrimógenas. En cuanto al número de fallecidos, la CIDH establece que fueron 14; el Ministerio de Gobierno 9; Ministerio de Salud 7; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 9; y, según la Alianza para los Derechos Humanos 8.
Anticipó que cuando concluya la investigación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, conformada por la Defensoría el 16 de octubre del año pasado, se conocerá la verdad. El objetivo de esta instancia es desarrollar una investigación defensorial para establecer la verdad, la justicia y, sobre todo, la reparación de las víctimas de los hechos de octubre de 2019.
El titular de la Comisión, Elio Peña, agradeció al Defensor del Pueblo por el aporte dado a la sustanciación del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al insistir que lo único que busca la mesa es que se conozca la verdad de lo ocurrido en el Paro Nacional de octubre del año pasado.
Finalmente, el organismo parlamentario, con el voto unánime de sus once miembros, dio paso a las pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Mercedes Serrano, las cuales fueron requeridas mediante comunicaciones dirigidas a la Presidencia de la Comisión.
