Ser incluido en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) fue el pedido formal que realizó ayer José Ibáñez, ex gerente de la casa de valores Valpacífico, quien acudió a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria dentro de las investigaciones sobre las irregularidades en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Llegó a la Fiscalía Provincial del Guayas acompañado de Hernán Ulloa Ordóñez, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien expresó al término de la diligencia que Ibáñez hizo una descripción de lo que había denunciado en su momento dentro de este caso y que no fue atendido por algunas autoridades.
Ibáñez habría alertado desde julio del 2018 a las autoridades de control y del sistema bursátil del país de las presuntas irregularidades en el Isspol.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció una estafa al Isspol de más de $500 millones, por las inversiones realizadas entre el 2014 y el 2016.
Ulloa manifestó que Ibáñez solicitó al CPCCS asistencia, orientación y protección, además de ser parte del programa de víctimas y testigos, ya que es un testigo clave dentro de las investigaciones que puedan darse para determinar posibles autores de delitos que se cometieron en el caso Isspol.
“Parte de nuestras facultades es ser parte procesal en las denuncias que se investigan por actos de corrupción, pero también nuestra facultad implica darle protección”, dijo.
Ulloa señaló que a pesar de que Ibáñez se encuentra delicado de salud acudirá las veces que sea necesario para aportar con el objetivo de establecer autores y responsabilidades dentro de esta trama.
Situación de Decevale
En tanto, en días pasados la ministra anunció que pedirán a la Superintendencia de Compañías la liquidación de Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) por no cumplir con la custodia de valores de las inversiones del Instituto.
En septiembre pasado se anunció la intervención de Decevale por parte de la Superintendencia por dos operaciones que sumarían una estafa de $ 532 millones a los fondos de jubilación y pensiones.
Eduardo Carmigniani, de la firma de abogados Carmigniani Pérez, dijo que está de acuerdo con la ministra en que hay que sancionar con el rigor de la ley a todos quienes fuesen responsables de cualquier perjuicio causado al Isspol, pero no cree que se deba liquidar a Decevale porque ocasionaría un perjuicio al mercado de valores.
Señaló que el pasado 28 de septiembre la firma de abogados Carmigniani Pérez, a petición de la Bolsa de Valores de Guayaquil, presentó un informe de auditoría, en el que refiere serias irregularidades de Luis Álvarez Villamar, gerente de operaciones de Decevale, por lo que han solicitado visto bueno al Ministerio del Trabajo para terminar la relación laboral por falta de probidad.
Expresó que Álvarez, extralimitándose en sus funciones, suscribió documentos con Jorge Chérrez, en los que mal usando el membrete de Decevale, desde enero del 2016 hasta agosto del 2020 simulaba que este custodiaba valores del Isspol. “Y esa apariencia de custodia la hacían para darle visto de legitimidad cuando en realidad Decevale nunca fue custodia de esos valores o derechos, el real custidio era Chérrez (...)”. dijo.
Más datos
Competencia legal y operativa. Una vez que Decevale sea liquidada, Depósitos Centralizados de Valores (DCV) del Banco Central del Ecuador (BCE) tendría la competencia legal y operativa para hacerse cargo, según informaron las autoridades.
‘Dinero no se ha perdido’. Jorge Chérrez, representante de IBCorp Investments y Ecuador High Yield Bond Fund, entidades con las que el Seguro Social de la Policía ha invertido más de $ 500 millones, en una entrevista en septiembre pasado a Diario EL UNIVERSO, contradijo lo que afirmaron las autoridades del Instituto y reiteró que el dinero no se ha perdido.
Fuente: Diario El Universo.
