El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate las reformas al Código Monetario y Financiero, para establecer un mayor control y regulación en el sector de la economía popular y solidaria, sobre todo a las cooperativas de ahorro y crédito. En su intervención el presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, Franco Romero Loaiza, señaló la necesidad de que la Asamblea realice una reforma integral a este cuerpo normativo para solucionar los problemas de la economía nacional.

El parlamentario indicó que la iniciativa del exlegislador Esteban Bernal se convierte en una oportunidad para una reforma profunda que permita mejorar temas que son relevantes para el presente y futuro de la economía nacional. Entre otros, el papel que debe jugar el Banco Central del Ecuador en un sistema dolarizado, el manejo de las tasas de interés del sistema financiero, el rol de los organismos de control, el papel del mercado de valores para el mejoramiento de la economía.

Romero mencionó que en la Comisión de Régimen Económico se encuentran seis propuestas de reformas al Código Monetario y Financiero que serán unificadas para su tratamiento, lo cual permitirá realizar un análisis profundo e integral, en función de la realidad y las necesidades apremiantes del Ecuador.

Durante su intervención, recordó que los casos de familias afectadas por el cierre de cooperativas alertaron sobre la necesidad de actualizar el Código Orgánico Monetario y Financiero.

La reforma actualmente contiene 20 artículos. Seis de esos de iniciativa de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondos de Seguros Privados y ocho de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Se propone cuentas a un mismo número de teléfono celular para efectuar transacciones de forma recurrente y la fusión ordinaria o extraordinaria de una entidad financiera cuando exista incumplimiento del plan de supervisión intensiva.

Así mismo, la remisión a normas emitidas por el ente de control de poder del mercado, en caso de fusión ordinaria; que las entidades de la Economía Popular y Solidaria puedan invertir en mercado de valores; se faculta a solicitar medidas cautelares para inmovilizar o congelar bienes vinculados a los administradores, así como, ejercer acciones coactivas, entre otros.