La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por la vicepresidenta, Noralma Zambrano, recibió testimonios de tres ciudadanos, quienes responsabilizaron a María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, por los efectos de la represión que se aplicó en el Paro Nacional de octubre del año pasado, como parte la presentación de pruebas de cargo, en la sustanciación de la solicitud de juicio político auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
El primero en intervenir fue Julio Aníbal Flores Ron. Según su versión, al igual que muchos ciudadanos, él participó en las protestas del 4 de octubre el año anterior, de manera pacífica, y fue víctima de dos perdigones que le impactaron cerca del corazón, luego un nuevo impacto en la ingle; fue perseguido por el parque El Ejido y sometido a golpes de parte de la Policía, que hasta le removieron siete piezas dentales y, finalmente, se desplomó frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.
Posteriormente, fue llevado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde pasó varias horas, lo atendieron y le dieron de alta, con la recomendación de reposo por tres días, debido a las lesiones. Volvió a la calle, el 8 de octubre, encontró un cartón en el parque El Arbolito, pensó que solo disparaban balas de salva, por ello podía protegerse con el cartón, luego, cayó herido en las inmediaciones del parque y fue llevado sin sentido al hospital Eugenio Espejo, donde fue sometido a una esquirlotomía. Quedó con afectaciones diversas, por los golpes que recibió, sobre todo en la cabeza, dijo.
De su lado, la comunicadora Nicole Alejandra Villafuerte Lascano indicó que fue arrestada, junto a un compañero, sin motivo alguno; fueron llevados hasta el Distrito Policial Manuela Sáenz, donde pudo constatar la presencia de varios ciudadanos que habían sido agredidos por la Policía, estuvieron retenidos en un calabozo, sin alimento, sin abrigo, en condiciones deplorables.
Informó que, semanas después, los llamaron para que rindan su versión ante la Fiscalía, y el proceso no ha concluido. “Vimos cómo se reprimió a los ciudadanos y cómo se fabricaron pruebas para incriminar a las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones”, añadió.
Posteriormente, le tocó el turno a Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, activista de derechos humanos, quien aclaró que no participó en ninguna de las manifestaciones en la calle, pero sí fue parte de un cacerolazo que se desarrolló en la avenida Velasco Ibarra, en compañía de sus familiares y vecinos. Fue allí que pasó un contingente policial y saltó uno de los policías, quien de forma deliberada disparó una bomba lacrimógena que impactó en su rostro, por lo cual perdió totalmente su ojo izquierdo.
Explicó que fue llevada al hospital Militar para su tratamiento y que, desde el primer momento, fue interrogada, fotografiada y monitoreada. Luego, el 29 de octubre, fue contactada para acudir al despacho de la ministra de Gobierno. Allí, la funcionaria le preguntó sobre su caso y le dijo que no podía atenderlo de manera personalizada, porque tenía muchas actividades.
Aseguró que su caso sigue en investigación y que en todo momento se busca la manera de intimidarla, le toman fotografías en la casa, en diversos sitios, carros con vidrios polarizados rondan su domicilio; recibe permanentes amenazas, inclusive a su padre le agredieron y, después, le advirtieron que si no se calla tendrá que llorar ante el féretro de su padre.
Luego de este testimonio, el asambleísta José Serrano, al igual que varios miembros del organismo, se solidarizó con las personas que fueron afectadas por la represión de octubre de 2019 y, por este caso, en particular, propuso que la Comisión remita atento y urgente oficio a la fiscal General, Diana Salazar, a fin de que se brinde a los ciudadanos Julio Flores, Nicole Villafuerte y Jhajaira Urresta, toda la seguridad necesaria para garantizar y resguardar su integridad física y psicológica, en el marco de protección de víctimas y testigos, moción que se aprobó con ocho votos afirmativos.
Noralma Zambrano, al cierre de la sesión, reiteró el compromiso de la Comisión en el sentido de actuar con absoluta apertura, respetando las garantías del debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, así como el derecho a la presunción de inocencia, puesto que luego de recibidas las pruebas de cargo y de descargo, corresponderá a los miembros de la mesa hurgar en lo más profundo de los argumentos para determinar si es viable o no este juicio político.
