La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió este lunes, 19 de octubre, los argumentos de cargo de los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, solicitantes del juicio político contra María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno. Ratificaron que hubo incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019.

En primer lugar intervino  Roberto Gómez, quien subrayó que el juicio, más allá de tener como hechos que configuran el incumplimiento de funciones lo ocurrido con las acciones para el mantenimiento del orden público durante el paro del año anterior, incluye también otros elementos que inciden en la falta de probidad notoria de la funcionaria, como el presunto reparto de hospitales en el país.

Añadió que las acusaciones se enmarcan en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que la señora Ministra justifica por ser lo que tenían a la mano, pues según informes técnicos esos dispositivos resultan letales, en esas condiciones; la obstaculización de tareas humanitarias, entre ellas la represión a un predio universitario donde había mujeres, niños (bebés), ancianos y demás personas vulnerables; la falta de garantías de seguridad para los periodistas.

“No estamos juzgando a una persona, sino a una funcionaria que en nombre del Estado actuó de manera inadecuada, faltando a su deber de protección de la seguridad ciudadana”, enfatizó.

El asambleísta Gómez presentó varios videos y testimonios que, en su momento, fueron expuestos en el marco de las investigaciones de las acciones de violencia del Paro Nacional de octubre de 2019, a través de la Comisión Multipartidista que se conformó para el efecto. Subrayó que esos testimonios y el informe aprobado por la referida comisión son también elementos que prueban el incumplimiento de la ministra Romo.

Después, le correspondió exponer las pruebas a la legisladora Lourdes Cuesta, quien aseguró que la falta de probidad notoria de la ministra Romo no solo se evidenció en octubre de 2019, sino a lo largo de su ejercicio como ministra. “El juicio debe centrarse en los hechos de octubre, pero yo pregunto ¿qué octubre?. Octubre de 2018, cuando permitió la fuga de Fernando Alvarado; octubre de 2019, cuando no pudo controlar a seguridad y el orden público; o más bien octubre de 2020, cuando aparece que su tío Andrés Romo está implicado en el reparto de los hospitales”, agregó.

La asambleísta Cuesta dijo que el país esta cansado de las personas que creen estar por encima de la Constitución, de la Ley e, inclusive, de los derechos humanos de las personas y hacen gala de sus actuaciones, cuando han repartido hospitales en plena pandemia, sin considerar las necesidades ni el dolor de la ciudadanía que demanda una salud de calidad, con calidez.

Entre tanto, Amapola Naranjo aseveró que en octubre de 2019 el Gobierno sacó a la Policía para agredir a la ciudadanía, justificando su accionar en una supuesta violencia provocada por los manifestantes. “Nosotros rechazamos todo tipo de violencia..., la protesta fue pacífica y, como ocurre en otras ocasiones, hubo infiltrados que generaron actos reprochables”, añadió.

Indicó que se ratifica en todos los argumentos de hecho y de derecho que presentaron junto con la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pues la funcionaria olvidó cuál es la verdadera misión y el rol que cumple la Policía Nacional, al utilizarla para agredir a los ciudadanos.

Documentación adicional

Al cierre de la sesión, la Comisión decidió solicitar al presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, remita la resolución No. RL-2019-2021-077 de la Asamblea Nacional de 27 de agosto de 2020 y el informe de investigación efectuado por la Comisión Multipartidista de Investigación de las denuncias juramentadas presentadas en contra del asambleísta Daniel Mendoza, para que los mismos sean incluidos al expediente de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.