El tema de la estabilidad laboral del personal de la salud, que durante la emergencia de covid-19, prestaron y prestan servicios, como contempla la Ley de Apoyo Humanitario, continúa en debate dentro de la Comisión del Derecho a la Salud. La tarde y noche de este lunes 19 de octubre comparecieron los ministros de Finanzas, Trabajo y Salud.

Las respuestas de las autoridades no cubrieron las expectativas de los legisladores. Piden acciones proactivas en favor de los profesionales de la salud y trabajar en mesas de diálogo sobre los procedimientos para aplicar la Ley, en función de buscar soluciones. Consideran que el Reglamento no está en concordancia con la Ley y no responde a un derecho adquirido. Mientras las autoridades aseguran que el reglamento recoge el criterio de un conjunto de entidades y se apega a la Ley.

La Mesa conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Ángel Sinmaleza, (quien la liderará) Rosa Verdezoto, Patricia Henríquez y Sebastián Palacios, para insistir en la modificación del Reglamento y ser parte de la mesa interinstitucional de trabajo.

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, tras recordar que a inicios de 2020 el Gobierno anunció un programa económico de emergencia, porque el país ya tenía un problema fiscal con un déficit de 5.5 % del PIB detalló las acciones para lograr un acuerdo internacional que permita acceder a recursos, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la renegociación de una parte de la deuda externa con los tenedores de la deuda.

El funcionario subrayó que se armaron equipos de trabajo para la atención gradual de los compromisos relativos a la Ley Humanitaria, en donde están inmersos los valores de la vinculación de los médicos y posgradistas al Ministerio de Salud Pública (MSP).

Mencionó que ya se han tomado acciones y el presupuesto del Estado tiene que incorporar las partidas. Dijo, también, que el equipo de trabajo ya se ha reunido con el MSP y continuarán trabajando en esa dirección, con un proceso riguroso que considere principios como la optimización de los gastos.

De su lado, el ministro de Trabajo Andrés Isch aseguró que esa cartera de Estado no trabajó el Reglamento, sino que es el producto de la coordinación con varias instituciones para la recopilación de insumos que están en concordancia con la Ley. Lo que se buscaba es operativizar adecuadamente normas que en algunos casos son distintas a las que ya estaban en el ordenamiento vigente, agregó.

Aseguró que los posgradistas no tienen la condición de servidores públicos, por lo cual su información no reposa en el Ministerio de Trabajo y por ello la aplicación de la normativa se tiene que hacer en conjunto con la Red Pública de Salud. Precisó que la programación de los concursos se define desde las unidades de talento humano, por lo tanto no es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Informó que han trabajado en un proyecto de norma técnica para la planificación del talento humano de las instituciones de la Red Pública de Salud, para garantizar que la Ley de Apoyo Humanitaria se cumplan adecuadamente.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que en concordancia con la Ley de Apoyo Humanitario, el MSP cuenta con el listado de médicos posgradistas, autofinanciados y becados que desean acceder al beneficio establecido en la mencionada ley, el cual hará llegar a la Comisión. También se hará llegar el listado de los profesionales que desean que se les otorgue un contrato de servicios ocasionales, como servidor público 7, sujetos a la Losep y que se vincularían a los establecimientos de Salud del MSP.

Sobre el listado de trabajadores y profesionales de la salud que durante la emergencia sanitaria por covid-19 hayan prestado o se encuentren prestando sus servicios en la Red Pública Integral de Salud (RPIS), bajo modalidad de contrato por servicios ocasionales o con nombramiento provisional, dijo que han sido contratadas 182 personas.

En cuanto a las acciones que el MSP ha coordinado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Economía aseguró que, con la finalidad de solventar cada una de las necesidades de financiamiento que se derivan de la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario, remiten los montos presupuestarios requeridos a las mesas técnicas. El MSP se encuentran recopilando y sistematizando la información del IESS y redes complementarias, con el fin de garantizar el derecho de los profesionales de la salud a los beneficiarios de la Ley.

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, quien estuvo invitado a comparecer, delegó al director general, Carlos Luis Tamayo. Los legisladores no aceptaron dicha delegación, aduciendo que la participación del presidente del Instituto Asegurador es indelegable.