En la Comisión de Régimen Económico, la asambleísta Gabriela Larreátegui, proponente del proyecto de reformas al Código de Comercio, señaló que la Ley de los Corredores de Bienes Raíces que regula las actividades concernientes a la oferta y demanda de contratos, actos y operaciones de compra-venta, hipoteca, anticresis u otros contratos similares en relación con bienes inmuebles, data de hace 35 años, por tanto, urge actualizarla e incluirla en el vigente Código de Comercio, atendiendo no solo al principio de unidad sino también al de seguridad jurídica, evitando la dispersión normativa.

Indicó que la propuesta tiene como fin establecer requisitos que ayuden a identificar la persona natural que ejerce la actividad que, al ser mercantil, debe añadirse luego del Título IV: De la agencia, la comisión y el corretaje, un capítulo amplio denominado: El corretaje o intermediación mercantil, con normas claras que facilite su ejercicio y control.

Precisó que la persona jurídica que ejerza esa actividad deberá registrarse, tener un domicilio y su representante legal cumplirá los requisitos que se necesitan para las personas naturales, para el efecto se propone la creación del Registro Electrónico de Corredores de Bienes Inmuebles, en el cual se inscribirán todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan la actividad.

Se establece deberes y obligaciones del corredor de bienes, con el fin de garantizar la transparencia de las intermediaciones que realiza, así como prohibiciones para la actividad; al igual que las razones por las cuales el corretaje de bienes inmuebles termina. Se reconoce la facultad asociativa de los corredores profesionales, añadió la parlamentaria.

Gabriela Larreátegui mencionó que la intención de su propuesta es mejorar la base legal para promover confianza a los corredores de bienes inmuebles. Además, cuando un ciudadano trate con un agente de bienes raíces, que tiene su título y registro, lo haga de manera honesta y transparente.

Ejecución presupuestaria 2019

La Comisión de Régimen Económico conoció el borrador del informe no vinculante de la ejecución presupuestaria, correspondiente al segundo semestre de 2019. Christian Albuja, asesor de la mesa legislativa, indicó que por tres ocasiones se reunieron con el equipo técnico de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, a fin de que informen sobre la comparación entre el 2018 y 2019 en cuanto a la composición de la deuda, utilización de recursos, etc.

En el análisis se determinó que, en el 2019, si bien hay cumplimiento de la Regla Fiscal y de casi toda la normativa, hay preocupación sobre el nivel de endeudamiento que requiere el país para poder cumplir con todas sus obligaciones, que se las hace con financiamiento interno y externo. Aspectos que deben ser tomados en cuenta en la revisión de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020.

Hay que pensar que Ecuador no está ahorrando para momentos en los cuales requiera cumplir con crisis o externalidades. Acciones que no son controladas por el Estado. Albuja, dijo que del estudio del año previo (2019) hay información de lo que sucede actualmente (2020), pues al no existió ahorro suficiente que permita facilitar el trabajo, entre otros aspectos.

Mencionó que existe cumplimiento de la normativa en cuanto a educación y salud, a pesar de los escasos recursos con que cuenta el país.

El presidente encargado de la Comisión, Franco Romero, solicitó a los parlamentarios presentar sus observaciones al borrador del informe no vinculante sobre la ejecución presupuestaria del segundo semestre de 2019, hasta el 13 de octubre, para que el equipo asesor pueda presentar un informe final para votación.

Los parlamentarios avocaron conocimiento del memorando enviado por el exministro de Finanzas, Richard Martínez, de fecha 30 de septiembre de 2020, por el cual pone en conocimiento de la Comisión el informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria, correspondiente al primer semestre de 2020. Revisarán el documento y enviarán sus observaciones.