Bajo la organización de los grupos parlamentarios por la Promoción, Protección y Defensa de Derechos Humanos; y Fronterizo, este jueves 08 de octubre, a partir de las 17h00, se desarrolló, en modalidad virtual, el conversatorio: La Renta Básica Universal.
Para tal efecto, se recibió al economista Pablo Dávalos, quien, en representación del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, presentó el proyecto de Ley Orgánica del Programa de Renta Básica Universal y sin condiciones para la vida digna, en cuya construcción han intervenido 20 mil personas de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, académicos, entre otros. Al evento se dieron cita alrededor de 100 personas.
En primer término, intervino la asambleísta Silvia Salgado, coordinadora del Grupo Fronterizo. Destacó que este asunto ha entrado a debate en el mundo como herramienta efectiva de contención social y derecho a un vida digna, frente a la agudización de la crisis económica por la pandemia y el actual modelo de desarrollo, que beneficiaría a personas de escasos recursos y grupos vulnerables.
Es urgente garantizar respuestas claras a la inequidad e injusticia, más aún cuando se registra, en los últimos meses, un 35 % de la población en condición de pobreza. La iniciativa guarda armonía con el régimen del buen vivir y el enfoque de derechos de la norma constitucional, acotó.
Acompañamiento
La parlamentaria Doris Soliz, coordinadora del Grupo por la Promoción, Protección y Defensa de Derechos, anunció el respaldo absoluto a la propuesta, considerando que nace desde la sociedad ecuatoriana. Habló de socializar con las bancadas y demás grupos, acompañar el proceso de ingreso a la Asamblea Nacional y su posterior tratamiento.
Contenido, beneficios y financiamiento
Pablo Dávalos expuso que el Programa de Renta Básica Universal se orienta a la reactivación productiva y la equidad social, al aclarar que no es un bono, ni un subsidio, el cual espera llegar a un millón de jefes de familia.
Indicó que una persona, vía internet, se registra en el programa, con números de cédula y celular, para cuya aceptación se tomará en cuenta criterios de prioridad: desempleados, trabajadores de la cultura, mujeres en condiciones de vulnerabilidad y los que están en situación dramática. Una vez admitida, se le acredita 400 dólares que servirán para una afiliación a la seguridad social, pago de servicios básicos, conectividad a internet y compra de productos en tiendas del barrio, mediante la aplicación del sistema de dinero electrónico, monto que no es acumulable y cierra al mes.
Aclaró que se financiaría con la intervención del Banco Central que emitirá valores títulos por 400 millones, con una duración de un mes y automáticamente renovable, lo que no significa crear deuda pública al Estado. Este proceso no incluye a los bancos, ni a los cajeros automáticos, sostuvo.
Lucía Cuesta, de los grupos sociales; y, Ramiro Segovia, de la academia, resaltaron la trascendencia del documento. Cuesta dijo que es una necesidad para dar tranquilidad a muchas mujeres que sufren porque sus hijos no pueden acceder a internet, lo que frena sus posibilidades de estudiar. Segovia aseguró que la iniciativa se centra en el ser humano.
Rechazo a hackeo
Los grupos parlamentarios rechazaron un ataque tecnológico al conversatorio, que se produjo en los primeros instantes del encuentro, lo que impidió que la agenda programada se cumpla con normalidad y diera lugar a reiniciarla bajo ciertos controles, hecho que evitó la amplia participación de legisladores, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales y ciudadanía.
Silvia Salgado y Doris Soliz denunciaron públicamente esta agresión, cuya intención era interrumpir el debate de un tema transcendente para dignificar las condiciones de vida de la población, afectada por la estructura de desigualdad y que se ha agravado por la pandemia. Este malestar lo pondrán en conocimiento del titular del Parlamento.
