El Pleno de la Asamblea Nacional, con 123 votos afirmativos, aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, por el cual se garantiza el acceso a una administración de justicia transparente, con probidad y actuación diligente de los servidores judiciales, en cada una de las instancias. También, fortalece la lucha contra la corrupción, a través de una estructura institucional adecuada, con la inclusión de estrategias de justicia abierta, domicilio electrónico y citación por vía telemática.
Previamente, la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña Pacheco, expuso ante la Asamblea los cambios más relevantes incluidos en el texto final unificado de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, presentadas en 2018 y 2020. Indicó que se recibieron 43 observaciones, 20 de las cuales se formalizaron por escrito.
Sobre la figura del error judicial, aseguró que el dictamen de la Corte Constitucional obligó a formular cambios en el texto del proyecto para clarificar su contenido, de allí que, en torno al acto disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, en todos los casos, se cumplirán etapas diferenciadas y secuenciales, respetando el debido proceso.
Como parte de las fortalezas de la propuesta para coadyuvar a la lucha contra la corrupción, la normativa incluye la creación de una sala especializada en corrupción y crimen organizado, así como la formación continua y permanente en temas relacionados con ética y actuación profesional en el servicio público.
Mediante esta reforma, se refuerzan principios como el de la responsabilidad de los jueces, el acceso oportuno a la administración de justicia, así como la especialización, formación y capacitación continua de los operadores de justicia.
Uno de los temas de mayor relevancia está relacionado con el establecimiento organismos de especialización, formación continua y capacitación, tanto de la Fiscalía General, cuanto de la Defensoría Pública, en su condición de órganos autónomos de la Función Judicial, a quienes les corresponde identificar las necesidades de formación y capacitación continua y especializada de los servidores de su entidad; coordinar con la Escuela de Función Judicial los planes de formación; y, formular, así como ejecutar programas y panes de capacitación especializada en ciencias jurídicas y afines.
Los cursos y los programas de capacitación continua aprobados por los servidores en la Escuela de la Función Judicial y en los organismos de especialización de la Fiscalía y la Defensoría Publica, serán considerados en los procesos de ingreso, evaluación, promoción y categorización que realice el Consejo de la Judicatura.
La norma aprobada crea jueces de primera y segunda instancia en materia contencioso administrativa y tributaria, a fin de superar las falencias que existen actualmente en estas materias, sobre todo por la escaso número de tribunales que atienden estos procesos; se incluyen pasantías remuneradas para los estudiantes de las carreras de derecho.
Entre otros aspectos, se incorpora una transitoria en el sentido de que, por esta única vez, los notarios que ingresaron mediante concurso desde el año 2013 y hayan concluido su primer período, que se encuentren en funciones prorrogadas, podrán ser reelectos para su segundo período, conforme el Art. 200 de la Constitución, siempre y cuando hayan cumplido con los estándares de rendimiento.
Al cierre del tratamiento de esta normativa, el presidente de la Legislatura, César Litardo Caicedo, subrayó que se trata de un día histórico para la Asamblea Nacional y para el país, porque se ha aprobado una ley que permitirá mejorar la administración de justicia.
