Las gestiones realizadas por la Comisión de Biodiversidad para dar solución a la obtención de escrituras a los posesionarios de predios rústicos ubicados en el área de influencia de la Reserva Cayambe Coca, llegó a acuerdos puntuales por parte del ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, quien se comprometió a realizar mesas técnicas con el Ministerio de Agricultura, GAD de la Amazonía, tomando en cuenta que desde hace 60 años los ciudadanos están asentados en esos territorios.
El ministro de Ambiente y Agua, en su comparecencia virtual, indicó que el Código de Ambiente no establece cómo proceder para la adjudicación de tierras en los casos como el de los posesionarios de El Chaco, que tienen este derecho, razón por la cual la Cartera de Estado trabaja en una norma técnica y su respectivo instructivo donde se establece el procedimiento para la adjudicación, que entre otros aspectos debe constar el valor de tierra que debe ser cancelado, subsanar límites de áreas protegidas, es decir, buscar alternativas en beneficio de la naturaleza y derechos humanos.
En el debate de este tema los comisionados defendieron el derecho que tienen los posesionarios de El Chaco para acceder a la titulación de tierras por derecho de concesión ancestral. Además, dijeron que existen otros casos similares a nivel nacional a los que debería darse atención. En esta misma línea se pronunciaron el alcalde subrogante de El Chaco, Fredy Larrea y el concejal rural, Gildo Velasco, quienes mencionaron que son 300 finqueros que están afectados por la falta de titulación de tierras.
Salud
A la Comisión de Biodiversidad debía comparecer Juan Carlos Zevallos López, ministro de Salud Pública, quien debía informar sobre la remuneración a los posgradistas autofinanciados y becados, así como los resultados de los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar nombramientos definitivos a trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del Covid 19, así como el sobreprecio en las fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza. El funcionario presentó su excusa por tener compromisos adquiridos con anticipación.
Este pronunciamiento generó el rechazo de los parlamentarios, quienes con 8 votos resolvieron volver a citar al Ministro de Salud para la próxima sesión, a fin de que informe los temas antes expuestos, así como las razones técnicas de la desvinculación de los servidores de la salud en la provincia de Pastaza, el resto del país y el correspondiente plan para mantener la atención de salud bajo las condiciones de la pandemia y otras enfermedades, entre otros aspectos.
Los comisionados también escucharon a Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) y a Julia Landázuri, secretaría técnica, quienes indicaron que por la emergencia sanitaria se transfirieron del Fondo Común al Ministerio Salud Pública 7 millones 250 mil dólares para atender la pandemia en la Amazonía, para talento humano, equipos de bioseguridad, salas de aislamiento, etc.
Hurtado dijo que es penoso que algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no invirtieron los recursos y tendrán que ser devueltos al Consejo de Planificación y Desarrollo para ser utilizados en proyectos de desarrollo. Este particular provocó malestar en los parlamentarios y anunciaron un proceso de fiscalización a los representantes de cada GAD, quienes no ejecutaron la gestión de salud en cada territorio.
De su lado, Julia Landázuri mencionó que se suscribió 22 convenios con los GAD, por efecto de la emergencia sanitaria, razón por la cual debían presentar su respectivo plan de emergencia, cuyos procesos no fueron ágiles. De un total de 2 millones 894 mil dólares, se devengó un millón 328 mil dólares, es decir, el 48, 83 %; mientras que, del valor entregado al Ministerio de Salud para contratación de personal médico, equipamiento para adecuación de zonas de aislamiento, equipos de bioseguridad, medicamentos y dispositivos médicos, insumos de desinfección, pruebas rápidas de Covid 19, por un total de 4 millones 350 mil dólares, se devengó 2 millones 182 mil dólares, es decir, apenas el 50.2 %.
Creación universidades
Otro tema abordado por los parlamentarios con los representantes de la CTEA fue la entrega de recursos para la creación de las cuatro universidades en la Amazonía, así como de los Institutos Tecnológicos. El legislador Edy Peñafiel cuestionó la gestión realizada por los funcionarios por la falta de entrega de recursos del Fondo Común a la Senescyt, para avanzar con los procesos para la creación de los centros de estudio superior.
Alex Hurtado indicó que la Senescyt en el 2019 no presentó a tiempo los justificativos, razón por la cual se generó cuentas de arrastre, lo cual impide al CTEA. Sin embargo, dijo que hará gestiones para transferir los valores correspondientes hasta este fin de semana.
Visita in situ
La Comisión de Biodiversidad debía realizar una visita y recorrido a las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo, para verificar la remediación efectuada por el derrame petrolero del pasado 7 de abril de 2020, este 8 de octubre. Con 8 votos, los comisionados resolvieron hacerlo el 15 y 16 de octubre, tomando en cuenta las consideraciones enviadas por escrito por el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, quien señala que los procesos ambientales de limpieza y remediación, contemplan varias fases y esferas de acción que deben ser observadas, previo a la realización de una inspección in situ.
En este contexto, precisa que para realizar la visita propuesta en compañía de la subcomisión de asambleístas es necesario que la Cartera de Estado coordine con los operadores los asuntos inherentes de observación obligatoria que se suscita en los ríos Quijos, Coca y Napo, esto con la finalidad de que la visita se desarrolle sin ningún inconveniente que pueda entorpecer la misma. Aspecto que fue acogido por los parlamentarios y resolvieron postergar la visita.
