La Comisión de Derechos Colectivos, que preside el asambleísta Jaime Olivo, continuó con el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Según el presidente de la mesa legislativa, todas las observaciones de los parlamentarios y organismos se encuentran recogidas en la matriz para el tratamiento de las mismas, para conocer los aportes que han hecho a la mesa previo el informe para segundo debate en el Pleno.

En este marco, los comisionados analizaron el concepto de la comunicación como servicio público, el sistema de comunicación social y lo referente a la publicidad y propaganda del sector público. Sobre este último tema, la mesa profundizó el análisis ya que la propuesta, del asambleísta Fernando Callejas, busca regular el monto de inversión para servicios de propaganda y publicidad en el Estado.

Ante ello, el equipo asesor de la mesa presentó las proyecciones de gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales de Quito y Guayaquil. Según esta información, los GAD gastan más de lo que presupuestan por cada año.

Sobre este planteamiento, el parlamentario Juan Cristobal Lloret indicó que el cálculo no concuerda con la realidad de otros municipios o prefecturas que son más pequeñas, por lo que establecer un tope en la asignación de recursos sería desproporcional para unos y otros niveles de gobierno descentralizado, más aún si se establece un porcentaje general al Presupuesto General del Estado, afirmó.

Así mismo, la asambleísta Marcela Aguiñaga se mostró coincidente al criterio del legislador Lloret y agregó que cualquier regulación a los GAD se encuentra establecida en las normas de ese sector. Además, que no se podrían poner techos al gasto de publicidad y propaganda puesto que no se puede comparar, por ejemplo, el Municipio de Guayaquil con el de San Cristobal, en Galápagos. A decir de la parlamentaria no hay un argumento técnico en esta propuesta por lo que solicitó que sea revisada o ajustada.

De su lado, el asambleísta Ángel Gende indicó que la mesa debe realizar las consultas pertinentes para evitar caer en contradicciones normativas derivadas de porcentajes o techos de gasto para los GAD. Dijo que, si bien es cierto, se conoce que existen GAD que gastan más o menos, la realidad de esos niveles de gobierno es equidistante de su administración, gestión, manejo y finanzas.

El parlamentario Tito Puanchir indicó que se debe contar con una información real sobre datos técnicos que permitan tener una ley más consistente. Sobre los municipios fronterizos señaló que tienen radios propias, por lo que planteó que en esos casos cabría la posibilidad de fortalecerlos.

Finalmente, el presidente Jaime Olivo señaló que se acogen los criterios de los legisladores y procederán a un análisis más profundo sobre el gasto de publicidad y propaganda de los GAD, así como del Ejecutivo, con información técnica, criterio que fue compartido por el comisionado Carlos Cambala. Tras estos criterios, el titular de la mesa suspendió la sesión.