Con el propósito de analizar las observaciones a la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate, se reunió la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el legislador Raúl Tello.

Tras la instalación de la sesión 59 de la mesa, esta tarde, el titular del organismo parlamentario planteó un metodología de trabajo, a fin de que la Comisión avance con el procesamiento de esta ley y sea remitida al Pleno de la Asamblea Nacional para su segundo y definitivo debate.

El legislador Tello abordó los temas que fueron observados en primer debate, en lo referido a la prejudicialidad e imprescriptibilidad y que ameritan una mayor profundidad de análisis. Así mismo, señaló que, de acuerdo a la planificación, hasta el 14 de octubre de 2020 tendrían listo el informe para someterlo a votación y ser remitido al Pleno.

Para el presidente de la mesa están identificados los nudos críticos y aquellos elementos que han recibido observación de parte de los legisladores. Por ello, el 5 de octubre planteó la comparecencia de expertos y profesionales en el ámbito de la extinción de dominio. Así mismo, el 7 de octubre recibirán a las presidentas de la Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado.

Para el 9 de octubre, recibirían a los expertos en derecho Jorge Luis Masón, en materia procesal; y, a Juan Pablo Albán, en materia constitucional. Mientras tanto, el 12 de octubre recibirán a los asambleístas Fabricio Villamar, Silvia Salgado y Jeannine Cruz. El 14 de octubre, recibirán a expertos en lavado de activos. Esta propuesta será ampliada, dijo el presidente Tello, con más comparecencias de otros actores y expertos que puedan ser solicitadas por los legisladores.

Tras la explicación del cronograma de trabajo, la legisladora Mae Montaño señaló que la Comisión de Participación tiene un reto importante con el país en lo inherante al procesamiento de esta norma. Por ello, solicitó que el tratamiento del cuerpo legal sea urgente en respuesta a las exigencias de los ecuatorianos y planteó que las observaciones recibidas en primer debate sean tratadas por partes. Hizo énfasis en la necesidad de aprobar la Ley en los próximos meses.

De su parte, el asambleísta Pabel Muñoz dijo estar de acuerdo con lo sugerido por la comisionada Montaño; sin embargo, propuso dos ejes de trabajo en lo relativo al debate dentro de la Comisión y sobre la metodología en el tratamiento de la ley. Agregó que para optimizar los tiempos, se deben establecer coordinaciones con los jefes de bancada para lograr acuerdos previos y que, en el marco del debate en el Pleno, se topen los temas más álgidos siempre generando consensos previos en los temas más observados de la ley.

De su parte, la parlamentaria Gloria Astudillo resaltó la urgencia y necesidad de que expertos y profesionales en la materia abonen con criterios a la discusión de esta ley para que sea una respuesta a la ciudadanía que desea que la Asamblea Nacional apruebe esta norma.

Previo a la clausura de la sesión, el presidente de la mesa hizo hincapié en los criterios de los comisionados y destacó que el cronograma de trabajo permitirá tener un procesamiento ordenado de esta norma. También dijo que se buscarán los consensos con las distintas bancadas a fin de lograr acuerdos sobre la ley. Explicó además que se espera la voluntad de las autoridades del Parlamento para que esta norma, una vez tratada en la mesa y aprobada, sea prioridad en el Pleno.