Christian Cruz, presidente de la Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), acudió, la tarde de este lunes 28 de septiembre, ante la Comisión de Fiscalización, a fin de presentar las pruebas de descargo dentro del juicio político que en su contra interpuso el legislador Henry Kronfle.
Mencionó que el interpelante no ha demostrado el incumplimiento, ni arrogación de funciones, tal cual lo dispone el artículo 131 de la Constitución, pues se refiere solo a subjetividades y apreciaciones. Es más, no presentó las firmas de respaldo, en los plazos estipulados, conforme el Art. 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, continuó, para iniciar esta acción no se ha considerado el pronunciamiento vinculante del Producrador, en el sentido de que no se podía reestructurar las comisiones especializadas en un mismo período, lo que evidencia falta de competencia jurídica en el presente caso.
Expuso que obtuvo el carné de discapacidad legalmente de parte del Conadis, en 2009. Incluso, recordó que la Fiscalía, hace nueve años, desestimó una impugnación presentada al respecto por Ana Cristina Campaña. Por tanto, se pretende juzgar al presidente del Consejo por acciones de hace 11 años, lo que vulnera el principio de temporalidad, añadió.
Indicó que las leyes del Consejo de Participación y de Contraloría permiten a las máximas autoridades dictar reglamentaciones secundarias internas para el normal funcionamiento de las instituciones, por lo que puso en marcha dos reglamentos: de control del parque automotor y de autorización de viáticos. Bajo estos antecedentes, Cruz solicitó el archivo del proceso de juicio, en defensa de la seguridad y el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Inquietudes
Los parlamentarios Marcelo Simbaña, Esteban Melo, Dennis Marín, Bairon Valle, Absalón Campoverde, Mercedes Serrano, Noralma Zambrano y Jaime Olivo defendieron la facultad legal y constitucional de Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, a través del Pleno, para asumir decisiones en torno de las comisiones.
Coincidieron que es inexplicabe que en un solo día haya logrado el carné de discapacidad, que este documento no lo presentó al momento de la renovación de la licencia profesional y que hizo caso omiso a los llamados de recalificación. Insistieron que solo el Pleno del Consejo puede emitir reglamentaciones, por lo que pidieron una información respecto de un impacto ecónómico de la aplicación de las mismas. Objetaron, adicionalmente, la demora en el trámite de la designación del Supertindente de Ordenamiento Territorial.
El interpelante Henry Kronfle se sumó a la defensa de la institucionalidad, al argumentar la transparencia en el ejercicio del proceso de juicio. Lamentó que Christian Cruz se haya dedicado a descalificar las observaciones formuladas por el Conadis, Aneta, Fiscalía, y del propio Consejo de Participación, lo que entra en el plano de probidad notoria, lo ético y moral.
Respuestas
Cruz aclaró que por sus actividades comerciales, que le han obligado a trasaladarse por todo el país, no acudió a la recalificación del carné de discapacidad. Señaló que no hubo afectación financiera en la vigencia de las reglamentaciones internas y que, al amparo de la facultad de autotutela, los derogó en la perspectiva de ampliar conceptos con los consejeros.
