En la sesión 105, los miembros de la Comisión de Salud recibieron a galenos y a la Asociación Nacional de Médicos Rurales (Anamer), que denunciaron graves fallas en el sistema de la plataforma tecnológica utilizada para el sorteo de asignación de plazas rurales para medicina, odontología, enfermería y obstetricia para el período de 1 de septiembre 2020 – 31 de agosto 2021, así como dificultades en el desarrollo del año rural y trabas para la obtención del certificado de finalización de este período, respectivamente.

Karen Ariana Chávez, Erwin Zambrano y Saba Morales, comentaron que desde un primer momento el sistema en línea mostró problemas, colapsó e impedía concluir con el proceso de la firma electrónica. Es más, se abrió con antelación, lo que generó que rápidamente se dispusieran la mayoría de plazas, quedando lugares distantes en zonas fronterizas, de difícil acceso. Es decir, no se pudo elegir democráticamente, sino hubo imposición, subrayaron.

John Farfán y José Aguirre, presidente y vicepresidente de la Anamer, manifestaron que el personal médico no contó con los implementos básicos para el servicio rural, más aún cuando utilizaban por más de una semana un bata y mascarilla quirúrgica, sin tomar en cuenta la gravedad de la pandemia. A esto  se suma el retraso en los pagos de sueldos, de las compensaciones geográficas, décimos, etc.

Finalmente, expusieron que algunos todavía no obtienen los certificados del año rural, en razón de múltiples barreras burocráticas.

En este contexto, la Comisión resolvió convocar, en los próximos días, al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para analizar estos hechos.

Rechazo al veto

En otro tema, los legisladores rechazaron, de forma enérgica, el veto total impuesto por el Presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de nuevo Código de Salud. Defendieron el trabajo de ocho años en la definición de la normativa, que contó con amplia participación de expertos, academia, organizaciones sociales, gremios, entidades internacionales (OMS, OPS) y ciudadanía.

William Garzón, titular de la mesa, consideró que es motivo de profunda tristeza por la salud del pueblo ecuatoriano, de la gente que más necesita, de los niños, adolescentes, por los derechos de las mujeres. Hemos cumplido con la población y la historia del Ecuador, por tanto, este hecho se enmarca en la responsabilidad del Ejecutivo; es un agravio indignante a la comunidad que requiere soluciones urgentes en materia de salud, dijo.

Se trabajó con dos ministras del actual régimen, explicó, al indicar que hace una semana mantuvo una reunión con el equipo de Ministerio de Salud, quienes anunciaron que 22 artículos podrían ser observados, pero jamás refirieron que había un porcentaje alto de inconsistencias o de un veto total, por lo que llama la atención que en 48 horas hayan decidido sobre el futuro de la nación.

A este sentimiento de malestar, se sumaron Nancy Guamba, Ángel Sinmaleza, Patricia Enríquez, Sebastián Palacios, Manuel Ochoa, José Agualsaca, Carlos Vera y Rosa Verdezoto, quienes expresaron que este es un retroceso para la salud de los ecuatorianos, una medida que le da las espaldas al pueblo, a personas de escasos recursos, a los que sufren enfermedades catastróficas; en fin, a los que esperan una atención integral. Demuestra, además, el desconocimiento del Ministro de Salud sobre el contenido y alcances del documento, precisaron.