El Pleno, en la continuación de la sesión 681, tramitó el informe de primer debate del proyecto de Ley Orgánica sobre Procesos de Transferencia de Inmuebles a Personas Naturales o Jurídicas de Derecho Privado, Reformatoria a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, de iniciativa del legislador César Rohon.

La propuesta, definida en la Comisión de Desarrollo Económico, concretamente, desarrolla el procedimiento y requisitos para la transferencia de dominio de bienes inmuebles gestionados por parte del Banco Central, de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) o del Ministerio de Agricultura, a favor de personas, naturales o jurídicas de derecho privado.

Frente a la conmoción social y económica que sufrió el país por el feriado bancario, debido al colapso del sistema financiero, se dictó la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, cuyos objetivos eran posibilitar la transferencia de los activos de la denominada “banca cerrada”, que estaba administrando el Banco Central del Ecuador, a instituciones públicas que le puedan dar un uso provechoso, en beneficio de colectivo social; y, pagar las acreencias al sector privado y público. Sin embargo, no contempló un procedimiento claro y adecuado para legalizar la transferencia de dominio de inmuebles.

Durante la etapa de socialización, comparecieron en la mesa actores públicos y privados, ciudadanos, asambleístas y entidades del Estado: Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, Banco Central, Colectivo de Perjudicados por la Crisis de 1999 y el asambleísta Rohon.

Objetivo

El proyecto viabiliza la legalización de la transferencia de dominio de inmuebles, cuyos poseedores eran personas naturales que habían cancelado sus obligaciones con la “banca cerrada” o no tenían deudas con estas instituciones bancarias o financieras y que, por razones ajenas a su control y voluntad no obtuvieron las respectivas escrituras de compraventa e inscribieron en los correspondientes registros de la propiedad.

Trabajo técnico

Esteban Albornoz, en calidad de ponente, resaltó la trascendencia de proyecto, mismo que se trabajó de manera técnica con las propias autoridades del Banco Central e Inmmobiliar, a fin de concretar textos claros, efectivos y consensuados, que permita la aprobación inmediata en la Asamblea y el ejecútese por parte del Ejecutivo.

Hay que dar una solución definitiva a un importante grupo de ecuatorianos que han pasado por una serie de vicisitudes, enfrentar procesos legales, contratar abogados para legalizar sus propiedades, sin conseguirlo durante 21 años, por falta de sensibilidad de cierta burocracia, a pesar de haber cancelado oportunamente sus obligaciones en el sistema financiero, agregó.

César Rohon aseveró que su proyecto beneficia a todos los acreedores de la banca cerrada de 1999, no solo a los afectados de Filanbanco, para que puedan obtener sus escrituras y títulos de sus propiedades (departamentos, fincas, viviendas, etc.), con absoluta legalidad y transparencia.

Hacer justicia

En el debate, los parlamentarios Rubén Bustamante, Juan Cárdenas y Carlos Cambala expresaron el total respaldo a la iniciativa, considerando que hace justicia  social en favor de miles de ciudadanos afectados. Nunca más una dolorosa tragedia como la del feriado bancario y de congelamiento de depósitos que obligó a tres millones de personas a migrar al extranjero, reflexionaron.

Comisión general

Previamente, la Asamblea recibió, en comisión general, a Víctor Hugo Albán, representante de los perjudicados de Filanbanco, quien invocó a la aprobación urgente de la normativa. Expuso que se adquirieron varias casas, pero tras el cierre de la entidad les tocó sufrir un verdadero calvario para la escrituración de las propiedades, sin conseguirlo hasta la fecha, más allá que han demostrado, de forma insistente, que no mantienen deudas, se levantaron las medidas cautelares y la prohibición de enajenar.

Hemos caminado durante 21 años por múltiples instituciones, acudiendo, incluso, a acciones legales, sin lograr resultados favorables, dijo, al resaltar que el proyecto en discusión es una herramienta clave para reivindicar sus justos derechos.