El presidente Lenín Moreno objetó hoy viernes 25 de septiembre totalmente el proyecto de Código Orgánico de la Salud (COS), que fue aprobado por la Asamblea Nacional.

La secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, leyó el oficio remitido por Moreno a la Asamblea en una rueda de prensa junto con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y el viceministro de Gobernaza y Salud Pública, Xavier Solórzano.

La funcionaria explicó que Moreno presentó el veto total por cuanto el proyecto de ley contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolece de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas hasta una estructura institucional del Sistema Nacional de Salud poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades.

Además, señala en el oficio que este Código carece de una verdadera actualización en cuanto a enfoque y contenido, conforme los requerimientos de la sociedad ecuatoriana y del mundo, más aún en estos momento en que la pandemia del COVID-19 y la normativa nacional debe responder a esta nueva realidad con un sistema de salud ágil y efectivo.

También se identifican en el proyecto procedimientos poco claros que no aportan a los objetivos del Código y un enfoque sancionador que lejos de garantizar el derecho a la salud puede convertirse en un obstáculo para la atención ágil y oportuna por parte de médicos y demás personal de salud.

El presidente señala que tal como está planteada la normativa existe una imposibilidad de que pueda ser implementado de manera eficiente y eficaz.

Zevallos manifestó que en estos 30 días han realizado una revisión rigurosa con profesionales de la salud, expertos de las sociedades médicas, y encontraron más de 400 observaciones en términos de forma y fondo.

De los tres libros, el primer articulado tiene el 55 % de objeciones, en el segundo libro el 44 % y en el tercero el 46 %.

Expresó que en estas observaciones hay demasiadas inconsistencias y además hubo serios reparos a la implementación. "Genera más interrogantes que certezas".

Y que es altamente punitivo, pues crea 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud tanto a nivel público como privado; esto significaría un altísimo costo.