Se aprovechan del sueño de tener un terreno. Supuestos líderes de comités barriales y organizaciones, hacendados y hasta políticos forman parte de los presuntos traficantes de tierra que operan en Guayaquil, en las parroquias Posorja y Tenguel, y en cantones como Naranjal, Balao, Playas y Durán.

Peligrosos, armados, temibles. Conocidos por sus apellidos que se repiten con cautela entre la gente, y con indignación entre los propietarios de predios, urbanos o rurales, perjudicados por las invasiones que promueven para luego vender a terceros.

Quienes se atreven a reportar la ocupación ilegal o tráfico de tierras suman 1230 denuncias en Guayas, en los últimos seis años, según la Fiscalía. En Guayaquil, el cantón que lidera las estadísticas de la provincia, se han presentado 412 denuncias; en Playas, 285; Durán, 178; Milagro, 52; Daule, 44; Naranjal, 39, entre otros.

Guayas, Manabí y Esmeraldas suman el 65 % de los casos de invasiones denunciados en los últimos seis años

"Pin, así lo llaman. Cada vez que hay problemas, los invasores lo llaman. Él es el que está fomentando que nos quiten las tierras", comenta la propietaria de una terreno rural en Durán, quien no lo denuncia por temor. Hace un año su predio fue invadido por una decena de personas que, afirma, están destruyendo las tierras en las que ha vivido su familia más de 50 años. Pero no las quieren para sembrar, “las tienen negociadas con un camaronero”, critica la mujer.

En Guayaquil, funcionarios del Ministerio de Agricultura (MAG) y expertos en litigios recuerdan a un presunto traficante que operaba en esta ciudad hace décadas y que murió por COVID durante esta pandemia, sin comprobarse su vinculación con las invasiones. “Ellos nunca aparecen ahí (en los procesos), hasta sus abogados pueden aparecer, pero a ellos nunca los verán”, dice una servidora del MAG.

Hasta hace algunos años, presuntos traficantes incluso daban recibos de pago, que se convertían en pruebas en los procesos judiciales.

Ahora, asegura Evelyn Montalván, secretaria de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, ofrecen regalar la tierra y luego piden a los perjudicados $5, $10, $15 semanales para supuestos trámites de legalización en municipios.

"En atención al volumen de personas están sacando unos $2000 semanales", calcula Montalván, de acuerdo con las denuncias que ha recibido.

No saben sus edades, pero por sus canas los perjudicados estiman que tienen más de 50 años, algunos son adultos mayores que tendrían 'aprendices' que se multiplican para continuar en este ‘negocio’ ilegal, cuya sanción va de cinco a siete años de prisión, según el artículo 201 del Código Integral Penal. Aunque dependiendo del caso, las sentencias pueden reducirse a tres, de acuerdo con el proceso judicial de uno de los pocos sentenciados.

“Hasta que no haya una sentencia condenatoria no se puede decir que sean traficantes”, sostiene Peter Jácome, fiscal de Guayas, quien lleva un caso contra cuatro procesados: "Hay testimonios de personas que los identifican", pero que no se pueden mencionar porque están en investigación.

El último año, según la Secretaría, se sentenció a cuatro personas por este delito en el noroeste de Guayaquil, una zona vulnerable de la ciudad, además de la vía a la costa, Posorja, Tenguel.

Algunos sospechosos son apresados en flagrancia, en los controles diarios de prevención y en los desalojos, que en promedio se realizan unos tres o cuatro al mes. Antes de ejecutar esta acción, apunta Montalván, se reúnen previamente con los afectados para que identifiquen a los traficantes.

Algunos de ellos, nombrado por perjudicados, siguen libres, pero con una historia judicial de varias demandas por ocupación y uso ilegal de tierras, usurpación, estafa.

Los nexos de estas personas que negocian ilegalmente predios estatales y privados se extienden a más de un cantón.

En Playas, la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares identificó a un traficante de tierras que tras cumplir una sentencia por este delito estaría vinculado con un “conocido traficante de Guayaquil”. Esta institución registra 27 detenidos entre 2019 y 2020, en zonas del noroeste de la ciudad (Monte Sinaí).

En otros cantones, la Secretaría no registra apresados, pero sí ocho denuncias: cuatro en Durán, dos en Playas, una en Yaguachi y una en Milagro.

"Los traficantes ya conocen qué tierra tienen dueño y cuál no", apuntan abogados expertos en conflictos de tierras, y agregan que algunos litigios pueden tardar años en instancias civiles y penales. Estas personas se aprovechan de terrenos rurales, aseguran, por el desconocimiento de los agricultores sobre los procesos para legalizar sus tierras. Algunos, según refieren, tienen más de 40 años posesionados sin regularizar sus predios.

Las tierras de mayor plusvalía y con mayor riqueza de minerales en el suelo, como se encuentran en Naranjal y Balao (Guayas), son las más buscadas por los traficantes, según el experto Juan Castro, para sacarles más réditos. Una hectárea de tierra sin producir puede llegar a costar $10 000.

Jueces: Traficantes no figuran en procesos

"Son diferentes personas. Los traficantes no figuran", dice un juez de lo civil de un vecino cantón de Guayaquil, al referirse a quienes estarían detrás de los procesos judiciales por litigios de predios.

El 70 % de los casos que llegan a su juzgado son por esta problemática, entre ellos amparos posesorios, los cuales generalmente los solicitan los invasores, afirmó, para que no los desalojen: "De unos 500, me acuerdo que solo dos he declarado con lugar. Uno se da cuenta, no es una verdadera posesión".

Otro juez, que también prefirió la reserva de su nombre, asegura que ha logrado identificar a un traficante que operaría con supuestas vinculaciones con el narcotráfico. "Nadie lo puede tocar", dice y asegura que las autoridades judiciales y municipales lo saben: "Yo le dije (a un director judicial): Ud. sabe que ahí manda el narcotráfico y ustedes no hacen nada, y me dijo: 'Sí'".

"Es delicado, por teléfono no puedo hablar", dijo otro magistrado, que al igual que otros funcionarios judiciales conocen a los presuntos traficantes por sus apellidos, pero prefieren callar por temor. Algunos de ellos, aseguran, han sido víctimas de acoso.

Un juez penal de Naranjal asegura que en los años que lleva en esa unidad no recuerda a ningún traficante sentenciado. Algunos de ellos, refiere el experto en conflictos de tierras Juan Castro, suelen escudarse detrás de organizaciones campesinas.

Fuente: Diario El Universo.