Fiscalía procesó a nueve personas por el delito de delincuencia organizada. Fueron detenidos la madrugada de este jueves 17 de septiembre, en allanamientos ejecutados en Guayas y Manabí. Se presume que se dedicaban a ofertar créditos de hasta 10.000 dólares de una entidad estatal, solicitando cantidades de dinero que servirían como enganche para iniciar los presuntos trámites bancarios.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada por videoconferencia en la Unidad Judicial Febres Cordero, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, César Matías Gonzaga, presentó como elementos de convicción: el informe de vigilancia y seguimiento a los procesados, elaborado por parte de la Policía Judicial, el parte de aprehensión, documentación obtenida en los allanamientos (que se encuentra en cadena de custodia) y la denuncia presentada por el gerente general de la entidad bancaria (BanEcuador).
El juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, acogió en parte lo solicitado por Fiscalía y dictó prisión preventiva contra seis de los procesados: Eusebio Teófilo M. M., María Elena L. F., Josué Alberto G.R., Tannia Lorena M. M., Diana Graciela A.R. y Néxar Ramón M. B.
Mientras que a Madelaine Esther M. L. le dictó la medida alternativa de arresto domiciliario, por encontrarse en estado de gestación; y, a Manuela Mabel C. P. y Mónica Monserrate T. C., medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad judicial. La instrucción fiscal durará noventa días.
Contexto
Fiscalía inició una investigación el 30 de enero de 2020, por una denuncia presentada por la gerencia general de BanEcuador (entidad financiera que otorga créditos a emprendedores), en la que señalaba que “personas inescrupulosas, haciéndose pasar como funcionarios de esta institución, estarían ofreciendo créditos y préstamos bancarios hasta por un monto de 10.000 dólares”, con plazos de pago a diez años y al 5% de interés anual.
Para ello, esta presunta organización delictiva ofrecía préstamos en zonas suburbanas y rurales de varios cantones del Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, hasta donde llegaban y exponían los planes crediticios, pero –para acceder a ellos– solicitaban cantidades de dinero (de 60 a 100 dólares) y la promesa de abrir una cuenta bancaria en la entidad.
Entre la documentación solicitada a los perjudicados constaban copias de cédula de identidad y votación, planilla de servicios básicos, Registro Único de Contribuyentes y si el futuro solicitante tenía bienes inmuebles (se les solicitaba copia de los predios o propiedades).
En los allanamientos ejecutados en Guayaquil, Daule, Lomas de Sargentillo (Guayas) y Portoviejo (Manabí) fueron detenidos los ahora procesados, en cuyo poder se encontró documentación relacionada al hecho. Fiscalía no determina aún la cantidad de perjudicados, que se presume superaría las 2.000 personas, por lo que hizo un llamado a quienes han sido estafados para que denuncien el hecho. El monto del perjuicio superaría los cientos de miles de dólares.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
