En dos jornadas de trabajo en el Pleno, los parlamentarios calificaron de vital la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, conocido como Ley de Extinción de Dominio, que busca constituirse en una herramienta que permita a los operadores de justicia combatir la corrupción y recuperar bienes, recursos públicos para destinarlos a educación, salud, así como para aquellos sectores desprotegidos. Un total de 30 parlamentarios dieron sus observaciones, con lo cual el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dio por terminado el primer debate.
El titular del Parlamento, señaló que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deberá elaborar el informe para segundo debate, tomando en cuenta las observaciones planteadas por los asambleístas, a fin de entregar al país una normativa que permita recuperar lo mal habido.
En esta sesión, los parlamentarios coincidieron en que los recursos le pertenecen al pueblo, por tanto, deben ser devueltos al Estado. Solicitaron a la Comisión encargada del tratamiento del proyecto que la normativa sea más pragmática respecto de los bienes robados o adquiridos de manera fraudulenta. Dijeron que la propuesta legal debe ajustarse a lo que establece el artículo 273 de la Constitución en materia de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, donde se establece la imprescriptibilidad tanto de la acción como de la pena.
Así mismo, los asambleístas resaltaron que la normativa debe regular el proceso jurídico para la extinción de dominio que no puede ser de carácter político, ni para persecución, sino procesal y que permita a los operadores de justicia aplicarla en todos los casos de actividades ilícitas, por ello, señalaron que la normativa debe ser clara y precisa respetando el debido proceso. Señalaron que en el país hay varios casos de corrupción como los sobreprecios en la contratación pública, aspectos que tienen que corregirse y ser sancionados con la aplicación de esta normativa.
Precisaron que si bien la ley no puede ser retroactiva, si puede ser restrospectiva, que permita revisar los procesos de constitución de domino no formalizados, es decir, prácticas reñidas con la legalidad y que permita al Estado una alternativa de resarcimiento. Unos legisladores consideraron la necesidad de la especialización, tanto de jueces como de tribunales, mientras que otros pidieron que se eliminen los jueces especializados en extinción de dominio y que quienes se encarguen de este particular sean los que llevan procesos en materia penal.
Pidieron que se incorpore el registro de apelación porque caso contrario se violentaría el principio de inocencia. Igualmente, establecer con claridad cómo se va actuar en los casos de testaferrismo; así como, analizar los casos de créditos bien otorgados pero que fueron cancelados con dineros mal habidos, en estos casos deben ser comisados los bienes, señalaron.
Sostuvieron que la seguridad jurídica cuida la propiedad de lo bien habido. Lo mal habido no genera derechos y es allí donde debe haber una lucha frontal contra la corrupción. También se refirieron a la creación de la Unidad de Servicio de Bienes como custodio de los bienes recuperados, pero que no debe generar una nueva estructura dentro del Estado, sino adscrita a una institución. Plantearon que se establezca tiempos precisos para el proceso de monetización que deben ser destinados a proyectos para la población más vulnerable y dentro de ellos tomar en cuenta a las personas de la tercera edad, con discapacidad.
También, dijeron que cuando un juez dictamine la sentencia de incautación de tierras, las mismas deben ser entregadas a los sectores campesinos para que se dediquen a la agricultura. Se preguntaron cómo va a operar la justicia en los bienes que tienen gravamen, aspectos que también debe tomarse en cuenta en la normativa que construye la Asamblea Nacional. Consideraron que se debe establecer como mecanismo del Estado el contratar empresas nacionales o internacionales para el rastreo de dineros.
En el debate se cuestionó que, si bien la justicia en unos casos ha sancionado hechos de corrupción, no se ha logrado que los bienes o recursos sean recuperados para el Estado, para ser puestos de manera inmediata al servicio de la sociedad. Manifestaron la necesidad de un análisis jurídico amplio para determinar el proceso a seguir con los “testaferros de buena fe”.
