Con base en los elementos de convicción recabados por Fiscalía desde junio de este año, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, Fernando Cabrera, dictó medidas alternativas contra Delfín Quishpe –como prohibición de salida del país y de enajenar bienes, además de presentación periódica ante la autoridad competente cada quince días– por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

La instrucción fiscal durará noventa días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos imputados.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra del Burgomaestre con varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal, como certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.

Los elementos presentados hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por 96.608 dólares (incluido IVA).

El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).