Veinticuatro horas después de haber finalizado el estado de excepción, algunos de los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se mantendrán al menos por 60 días más, es decir, aproximadamente hasta mediados de noviembre.

Entre ellos constan la prohibición del desahucio a arrendatarios, la suspensión de servicios básicos por mora y la reprogramación de deudas con entidades financieras establecidas en el Capítulo II sobre medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva.

El artículo 4 menciona que no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios, por cualquiera de las causales establecidas en la Ley de Inquilinato, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio.

Así también cuando el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria y el canon sea su medio de subsistencia.

Aunque la Ley indica que no se ejecutarán desahucios hasta la fecha indicada, para acogerse a la suspensión temporal los arrendatarios deberán cancelar al menos el 20 % del valor de los cánones pendientes y en el caso de locales comerciales, 30 % en relación con el mes de febrero de 2020.

En cuanto a los servicios básicos, existen dos plazos que se mantienen a pesar de la finalización del estado de excepción: aumento de costos y cortes.

Sobre el incremento de costos, la normativa indica que hasta un año después se prohíbe el aumento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e internet, sean estos prestados de manera directa por instituciones públicas, por delegación o por privados. Significa que finalizaría el 13 de septiembre de 2021.

Y en cuanto a los cortes por falta de pago de estos servicios, no se ejecutarán hasta por dos meses.

Cristóbal Matute, consultor financiero, indica que la Ley de Apoyo Humanitario tiene puntos positivos que se mantendrán y que no se conocen. “Hay varias cosas rescatables. Sí percibo que hace falta que la ciudadanía se empape de lo que esta Ley buscó hacer porque muchas personas se han quedado en la parte laboral, pero no fueron hacia este capítulo que se habla de las ventajas. Beneficios en cosas que son del día a día como los arriendos, servicios básicos, pago de los seguros”, indica.

Matute menciona que el diferimiento de cuotas es un “tanque de oxígeno” que se da sobre todo al sector productivo. Y este tema se encuentra en el artículo 12 de la normativa. Ahí se indica que la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero seguirán hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción.

“Todas las entidades del sistema financiero nacional (...) efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia”, resume el articulado.

En este punto, Paola Aulestia, consultora financiera, dice que lo recomendable es que se aplique solo en casos de estricta necesidad, no en todos.

“Recordemos que muchas de estas reprogramaciones de la deuda alargan el plazo, pero muchas veces la nueva tasa incrementa el interés y podría estar pagando un interés mayor que la tasa inicialmente pactada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema y tratar de no pagar los mínimos en tarjetas de crédito”, señala.

Aconseja que en estos dos meses de plazo para las reprogramaciones, los ciudadanos generen más ingresos o gasten menos para culminar dicha deuda en el menor tiempo posible.

“Ya no hagamos compras compulsivas en función de la bonanza que teníamos antes. Que nuestra mentalidad considere que los próximos meses también vamos a tener un impacto en la economía, y el Banco Mundial considera que las economías crecerán a finales del 2021, inicios del 2022, entonces todavía tenemos un largo camino por recorrer”, sugiere.

Fuente: Diario El Universo.