La Corte Constitucional hizo pública hoy su sentencia a favor del Ministerio de Finanzas, emitida el 31 de agosto pasado y que establece que lo actuado por dicho este ente, en torno a las directrices presupuestarias, específicamente hacia las universidades, está dentro de sus competencias.

De esta manera negó seis acciones de incumplimiento (34, 35, 36, 38, 39 20 IS) que habían presentado varios actores sociales y políticos que se oponían a rebajas en el presupuesto universitario, que eran producto también de la reducción de las fuentes de financiamiento de la Educación Superior, por efectos de la pandemia.

Además revocó las medidas cautelares ordenadas por ese mismo ente en Resolución del 12 de mayo pasado, en el que pedía al Ministerio abstenerse de reformar el presupuesto si esta reforma causaría un perjuicio a las entidades de educación.

De acuerdo a lo indicado por la Corte, la emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional y legal ordinaria. El MEF es la entidad encargada de precisar la composición de cada fuente de ingreso, incluida la proyección de recaudación de los impuestos a la renta y al valor agregado, de acuerdo con los preceptos del Fopedeupo (Fondo Universitario). Una proyección, por definición, se actualiza según la variación del entorno económico, por tanto puede variar, y por consiguiente la preasignación de los recursos asociados.

En seguida el Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) rechazó la sentencia de la Corte y denunció que se le están recortando más de $92 millones a su presupuesto. Esto ya ha generado, dijeron, que se restrinja el derecho a la educación de los estudiantes. En contraposición a este accionar de la Corte, hicieron un llamado a los estudiantes a movilizarse el próximo 16 de septiembre para pedir la salida del ministro de Finanzas Richard Martínez.