Con la presencia de organismos que defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Comisión Ocasional que atiende estos temas, abrió el debate para ajustar los textos del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo informe para segundo debate podría estar listo a finales de octubre, conforme lo indicó la titular de la mesa legislativa, Encarnación Duchi, al hacer un llamado a la sociedad en general para que entreguen sus propuestas hasta finales de septiembre mismas que serán estudiadas.

En esta oportunidad, los comisionados revisaron y acogieron algunas observaciones planteadas por Red Convivencia. Los parlamentarios consideraron de vital importancia la prevención y erradicación del embarazo infantil de niñas y adolescentes, la necesidad de ampliar a 15 días el proceso de emparentamiento para la asignación familiar, que el juez tome en cuenta la opinión de este segmento de la población en caso de adopción, pero a su vez, quedaron textos pendientes para estructurar un articulado en cuanto a definir con claridad el principio de interés superior, así también determinar en qué casos especiales el adolescente puede acceder al trabajo, pero siempre garantizando su derecho a la educación y salud.

Los asambleístas revisarán terminología adecuada en cuanto a la tenencia, patria potestad, entre otros. En el debate se indicó que la palabra tenencia se podría confundir con cosas y no personas, por ello se sugirió utilizar el término guarda parental o cuidado y protección. Se dijo que guarda parental es la responsabilidad que tienen los padres con los hijos, mientras que cuidado y protección es una obligación del Estado, sociedad y familia. En cuanto a patria potestad se propuso cambiar por autoridad parental.

Se precisó que la adopción debe ser una medida de restitución de derecho de los niños y adolescentes y el acogimiento institucional como última medida de protección de este grupo poblacional.

Los comisionados acogieron la propuesta del principio de idoneidad por el cual se determina que el Estado garantizará que el entorno de cuidado responda adecuadamente a las necesidades de protección especial de cada niña, niño o adolescente en particular. Esto implica el deber del Estado de ofrecer una variedad de modalidades preventivas y alternativas de cuidado, con preferencia en aquellas de base familiar y comunitaria.

Sobre la protección de niñas y adolescentes en condición de embarazo y maternidad, prevé que tienen derecho a la protección especial y a la atención integral por parte del Estado. Se agregó la sugerencia de la asambleísta Gloria Astudillo para que dentro de la atención integral se determine el acceso a una transferencia monetaria equivalente al bono de desarrollo humanitario con un equivalente variable a través del mecanismo nacional de acompañamiento. El resto del articulado quedó pendiente de aprobación.

En lo relacionado al derecho a la protección especial de niñas, niños, adolescentes en riesgo de perder su referente familiar o que ya lo haya perdido, se acogió que en caso de que el reintegro familiar no sea posible, el Estado les garantice el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, a través de la medida que satisfaga sus necesidades e interés superior, como acogimiento familiar de largo plazo, alojamiento independiente tutelado o adopción como última instancia.

En otro orden, los comisionados resolvieron eliminar el artículo 151 del Código referente al concepto de familia, en virtud de que se encuentra establecido en el artículo 67 de la Constitución en la que reconoce y protege a la familia en su diversidad. También, los parlamentarios debatieron sobre la importancia de incluir la investigación y análisis antes de que el juez tome una decisión de suspensión de la patria potestad, la misma que debe ser acompañada de una medida de protección y en todos los casos se garantizará el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación.

A falta de los familiares llamados por ley para ejercer la custodia familiar, sea porque no existen o porque no pueden asumirla, la o el juez dispondrá la medida de protección de cuidado alternativo y declarará la adoptabilidad de la niña o niño, considerando su opinión. Se aclaró que se recurrirá a la adopción cuando se hubiese agotado las posibilidades de reinserción familiar al núcleo familiar biológico y otras modalidades alternativas de cuidado no respondan a la necesidad particular de la niña, niño o adolescente.

Frente a la posibilidad de que una persona o familia quieran dar el consentimiento para la adopción de su hija o hijo, la unidad técnica de adopciones regentada por el ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, brindará asesoramiento legal gratuito sobre el significado y efectos de esta medida de restitución. Paralelamente el juez solicitará a través de la Dirección de Servicios de Protección Especial el apoyo familiar mediante una unidad de atención calificada que brindará acompañamiento psicosocial a la persona o familia que quiere dar el consentimiento para la adopción y así facilitar una toma de decisión consciente. La duración de este acompañamiento responderá a las necesidades de la persona o familia en cuestión. Cada unidad elaborará un informe independiente sobre el cumplimiento de esta obligación y lo presentará a la autoridad judicial que conoce la adopción.

La Comisión de la Niñez revisó todas las observaciones enviadas por Red Convivencia. Quedó pendiente el estudio de las reformas de fondo planteadas por la legisladora Gabriela Larreátegui que serán conocidas este jueves 10 de septiembre.

Sociedad civil plantea como prioridad la vacunación de niños, niñas y adolescentes frente al Covid-19

El Grupo Parlamentario por la Niñez junto a la Comisión de Derecho a la Salud desarrollaron el seminario “Vacúnate Ecuador: Desafíos y Estrategias para Garantizar el Derecho a la Vacunación en el marco de la pandemia Covid-19”.

Edson Aguilar, representante de Voces Ciudadanas, dio la bienvenida al seminario e indicó que la salud es un derecho humano fundamental y en esta época de pandemia contar con una vacuna para la población es una necesidad de primer orden.

El asambleísta Ángel Sinmaleza sostuvo que la vacuna es la esperanza y la salida a la nueva normalidad. Manifestó que Ecuador no puede quedarse relegado, en tal sentido, volvió a insistir en una respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que indique qué gestiones ha realizado para su adquisición una vez que ya exista y que diga cuál es el presupuesto para su adquisición.

De su parte, el legislador Franklin Samaniego, titular del Grupo, señaló que la vacunación es un derecho humano social y prioritario, anclado al numeral 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esmeralda Arosemena representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la región sufrió un impacto severo tras la pandemia del covid-19. En ese marco indicó que hay dos aristas que deben plantearse: cuáles son las obligaciones que los Estados asumen y cómo está el país en lo que respecta al derecho a la salud en niños, niñas y adolescentes frente a vacunación para el combate al covid-19.

Remarcó que los niños, niñas y adolescentes como personas sujetas de derecho deben tener acceso a la vacunación de forma prioritaria.

Diana Molina, subsecretaria de Gobernanza del Ministerio de Salud, señaló que la Constitución garantiza el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y, en este marco, se facilita el acceso gratuito a todas las vacunas, añadió. Puntualizó que, en la adquisición de la primera fase, cuando ya esté disponible la vacuna contra el covid-19 se emplearía cerca de 11 millones de dólares, y en una segunda fase la inversión sería de aproximadamente 61 millones. 

De su parte, Valeria Lozano, representante de niños, niñas y adolescentes, manifestó que la pandemia ha puesto en evidencia el frágil servicio de salud. Necesitamos de manera urgente atención integral, cobertura completa de vacunas, que se reduzcan las tasas de desnutrición y que se preste mayor atención a la salud mental de niños, niñas y adolescentes, indicó.

Mientras que, el asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, hizo un recuento de la aprobación del Código de Salud y, en ese contexto, citó varios artículos de la normativa (del 167 al 172) en donde se declara de interés nacional las vacunas, los recursos económicos para la vacunación, adquisición de vacunas para proveedores extranjeros, gratuidad de vacunas en la Red Pública Integral de Salud y vacunación a trabajadores.

Así también, Francisco Cevallos, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, sugirió poner énfasis en la continuidad de los servicios de salud para garantizar la atención a niñas, niñas y adolescentes. “Hay problemas estructurales e históricos, que debemos enfrentar con una mirada progresista”, enfatizó.

En el conversatorio también intervino Barón Idrovo, integrante del colectivo Voces Ciudadanas, él dijo que durante la pandemia se comprobó que, a escala mundial, los sistemas de salud son ineficientes, por ello, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que tomen decisiones oportunas para la salud. Recomendó blindar los presupuestos para este rubro.

Lorena Chávez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, señaló que es necesario crear las condiciones sociales necesarias para la atención de niños, niñas y adolescentes y eso se hace con la implementación de políticas públicas. Así mismo, señaló que en el tema de vacunación es necesario conocer cuántos, niños, niñas y adolescentes han sido vacunados, cuáles son las metas de vacunación que tiene el MSP, cuál es la brecha, entre otros aspectos.

Antes de finalizar el seminario, el parlamentario Franklin Samaniego mencionó la importancia de articular políticas, programas y proyectos de salud, en donde es fundamental establecer el presupuesto requerido para garantizar el ejercicio de los derechos.

Como último punto, intervino Edson Aguilar, quien reconoció el esfuerzo y trabajo de las instituciones nacionales e internacionales que velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, resaltó el interés de mantener una mesa técnica sobre esta materia.