La Comisión de Régimen Económico, escuchó al contralor General del Estado Pablo Celi de la Torre; Silvana Vallejo, ex secretaria del Servicio de Contratación Pública (Sercop); y, cinco representantes de la Procuraduría, quienes dieron sus observaciones al proyecto de reforma integral del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los comparecientes aportaron en temas sobre el control previo, asesoría y capacitación de procesos, control concurrente, inhabilidades, impugnación, giro específico de negocio, entre otros.
El Contralor Celi indicó que varias entidades públicas y ciudadanía en general coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de gestión y control de las compras públicas. Advirtió la necesidad de tener rigor con las regulaciones del objeto social de las empresas tratantes con el Estado. Dijo que en el país no existe la adecuada correspondencia entre el objeto social y el tributario. Pidió que en el artículo 18, inciso segundo se introduzca la prohibición de servicios y bienes de proveedores cuyo objeto social no concuerde con el objeto tributario.
Además, expresó que se debe limitar los márgenes de procesos contractuales con el Estado. Es necesario suprimir en la ley el régimen especial de giro específico del negocio, pues se introduce discrecionalidad contractual que beneficia a empresas públicas generando contrataciones directas al margen de la normativa. Pidió restituir a la Contraloría las competencias para ejercer el control previo.
Aseguró que los contratos de emergencia también deben contar con informes, para que no se omita el cumplimiento legal. Indicó que se debe armonizar la legislación de las excepcionalidades con la norma general, al sugerir que los criterios que se adopten para la contratación pública se hagan eco de la contratación de situaciones de emergencias e incluir el control de la Contraloría.
El titular de la entidad de control, insistió en la restitución del registro de proveedores incumplidos y fallecidos. Mencionó que no existe un registro integral que anticipe a la autoridad irregularidades previas, por ello, reiteró la necesidad del control previo, concurrente. Pablo Celi dijo que la Contraloría debe ser la responsable de la actualización de estos datos y los mismos notificados al Sercop, para que aquellos contratistas que incurren en irregularidades sean suspendidos del Registro Único de Proveedores (RUP), estableciendo entre cinco y 10 años según como se normen los requerimientos.
Entre tanto, Rosa Álvarez, directora nacional de iniciativa legislativa de la Procuraduría General del Estado, se refirió al proyecto de ley para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos presentado por Íñigo Salvador, titular de la Procuraduría. Aseguró que en 2008 se eliminó la competencia de la entidad en desmedro de la protección legal. Es necesario fortalecer la Procuraduría y restituir el control previo de legalidad, dijo al solicitar que en el artículo 15 se establezca lo que corresponde a los organismos de control del Estado. La Procuraduría realizará obligatoriamente control de legalidad previo a la suscripción del contrato, informó.
Mientras, Ana María Rosero, directora Nacional de Consultoría de la Procuraduría, recordó que en la legislación que rigió hasta agosto de 2008, se eliminó el control previo. La ley anterior establecía en el artículo 110 una contribución del 1% del contrato que se distribuía entre los organismos de control. Enfatizo en que el ejercicio de una competencia requiere de recursos para estar a la altura de la responsabilidad. El control previo a cargo de Procuraduría requeriría los recursos necesarios para hacerlo, agregó. Estos informes no deben ser vistos como burocracia que demora la contratación, sino más bien como un mecanismo de control previo que asegure que los recursos sean bien invertidos, manifestó.
Por su parte, Silvana Vallejo, exdirectora del Sercop, dijo que la asesoría no es solo en el uso de esta herramienta, sino para todas los contratantes en todo el proceso de contratación pública, sin ser vinculante. Precisó que la asesoría, capacitación y certificación se hace con todos los funcionarios de las entidades contratantes.
Señaló que el control previo debería realizarse a ciertos contratos bajo ciertos montos y destacó el uso la tecnología, trazabilidad en todo el ámbito de contratación, con procesos abiertos, sin información oculta. Pidió tener una visión del sistema, es decir, mirar a la contratación pública como un sistema, al indicar que no solo se debe sancionar a los proveedores, sino también a las entidades contratantes para tener un mejor control.
Solicitó que se profundice en el control del Régimen Especial porque es amplio. Aseguró que cuando exista un solo proveedor, o temas de seguridad es importante el Régimen Especial. Sobre el Giro Específico del Negocio, dijo que existe un control para verificar su parte en el giro específico por lo que propuso restringirlo y no dejarlo abierto, es decir, actuar conforme a las causas del proceso de contratación. Está de acuerdo con el control constante.
Los asambleístas formularon varias inquietudes a los comparecientes. Dijeron que es esencial construir una normativa que evite la corrupción en el área de la contratación pública y para ello es necesario mejorar los controles. Creen que datos abiertos a través del uso de tecnología permitirá la transparencia de procesos, como un mecanismo a ser utilizado.
El presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, agradeció a los comparecientes la entrega de observaciones y mencionó que las mismas serán revisadas en su momento.
