La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de los presentes, aprobó los informes de los procesos de investigación sobre la compra de kits alimenticios, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y de las denuncias relacionadas con la supuesta red de corrupción en la contratación del hospital básico de Pedernales.

En el primer caso, el organismo concluyó que la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, incumplió los artículos 226, 227, 389, numeral 6 y 390 de la Constitución de la República, omitió los artículos 1, 3, 4, 5, 10 y 11 del Código Administrativo, vulneró el artículo 22, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público e incumplió los procesos de contratación pública establecidos en la ley sobre la materia.

La Comisión recomienda que se remita el informe y sus anexos, tanto a la Fiscalía General del Estado, cuanto a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para fortalecer las investigaciones y aportar a la indagación de los movimientos financieros de los exfuncionarios públicos, de los representantes legales de las empresas así como de los sujetos privados mencionados en este caso.

Igualmente, se remitirá copia del informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a  los diferentes bloques y a todos los asambleístas que la integran, con la finalidad que se dé inicio a un juicio político por incumplimiento de funciones en contra de Alexandra Ocles, exsecretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

Caso Pedernales

Respecto de la contratación del hospital de Pedernales, el informe de la subcomisión presidida por Jimmy Candell Soto, e integrada por los asambleístas Silvia Vera y Ramón Terán, concluye que resulta evidente que los organismos del Estado ante los que se formularon denuncias sobre irregularidades y apelaciones por resoluciones injustas de procesos contractuales para la ejecución del hospital básico de Pedernales, se abstuvieron de actuar con eficacia y diligencia, dando lugar a que los perjuicios al Estado sean consumados ante su inacción que cae en complicidad.

A la vez, el documento recomienda que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la Contraloría General del Estado, el Ejecutivo y la sociedad civil, hagan el seguimiento a la ejecución del contrato de construcción del hospital básico de Pedernales.

Finalmente, el informe y su sustento documental se remitirán a la Fiscalía General del Estado para que extraiga nuevos indicios y elementos de convicción válidos dentro de los procesos instaurados contra los transgresores de la ley.

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador.