Ocho de nueve procesados fueron llamados a juicio por los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones. Las pericias de extracción de información de los chats de mensajería instantánea, las interceptaciones telefónicas junto con las versiones de testigos y víctimas forman parte de los 97 elementos de convicción que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, adjuntó a su dictamen acusatorio.

En la audiencia preparatoria de juicio, instalada en Portoviejo, desde las 09:00 del 2 de marzo hasta la medianoche del mismo día, ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Alfredo Pinargoty Alonzo, el Fiscal Provincial expuso que la investigación develó a una red de ocho funcionarios públicos.

El grupo estaría integrado por cuatro servidores administrativos y de asesoría jurídica del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Adolescentes Infractores (SNAI) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) “El Rodeo”; tres jueces de Garantías Penales con funciones en garantías penitenciarias, con jurisdicción en Portoviejo-Manabí; y, un abogado en libre ejercicio.

Entre 2015 y 2019, la presunta red delictiva de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitencias de las PPL, a las que tienen derecho a acceder por Ley y sin costo alguno. El “servicio completo”, según habrían ofrecido los procesados, iniciaba con el análisis y trámite de la prelibertad en el CRS (cuando el PPL cumplía el 60% de su condena (60/40), continuaba con el inmediato señalamiento del día y hora para la audiencia y finalizaba con un resultado positivo en ella.

A cambio les exigían a los familiares de las PPL una gratificación, cuota o contribución de entre 500 y 3.000 dólares, además de dos o cuatro botellas de whisky, cuyos precios debían oscilar entre 19 y 45 dólares, como mínimo. Sí se negaban, los expedientes se extraviaban en el CRS o se tramitaban mucho tiempo después.

Modus operandi

La forma de operar de la red habría tenido como punto de partida el área de dactiloscopía del CRS “El Rodeo”. Marcela del Carmen D. Y., funcionaria de dicho departamento, obtenía la información de quiénes estaban por cumplir el 60% de su condena y pedía que los trasladen varias veces hasta su oficina para “actualizar sus huellas dactilares”. Sin embargo allí les entregaba un papel con el número de Rodrigo Miguel M. M., su pareja sentimental y también funcionario del SNAI, quien se encargaba de contactar a las PPL y a sus familiares para exigir el dinero y las botellas de licor.

Las gratificaciones, cuotas o contribuciones eran entregadas a Einstein Reynaldo G. G., asesor jurídico de la Coordinación Zonal de la Secretaria de Derechos Humanos 4 y, este –a su vez–, las pasaba a Ekel Cayetano G. G., quien las entregaba a los jueces Banny Rubén M. B., Javier Vicente L. V., y Omar Vinicio O. S.

También el abogado en libre ejercicio, Marcos Felicísimo A. I., mantenía contacto con Marcela del Carmen D. Y. y Ekel Cayetano G. G., para pedir a las familias las gratificaciones que luego habría entregado a los jueces, a cambio de los beneficios penitenciarios.

El Fiscal Provincial explicó el resultado del cotejo de los chats con el informe de análisis de 101 expedientes entregado por la SNAI y las escuchas telefónicas: precisó que conversaron y acordaron entre ellos para exigir las gratificaciones a los familiares, quienes les pedían plazos para entregar el dinero, lo pagaban en partes o se negaban a hacerlo, aduciendo que no tendrían cómo solventar la comida del día o los estudios de sus hijos.

¿Cómo se habría entregado el dinero y los licores? En parqueaderos, cementerios, por depósitos bancarios, al interior de sobres de estados de cuenta deslizados bajo las puertas de las casas, en visitas a la medianoche a los familiares de los PPL, incluso en el parqueadero del mismo CRE “El Rodeo”, según los informes de las pericias de audio.

El informe de la SNAI también concluyó que las carpetas no cumplían con requisitos para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, como las valoraciones que realizaba una Comisión Especializada para calificar las prelibertades. Estos documentos eran obtenidos por #Einstein Reynaldo y Ekel Cayetano, funcionarios del SNAI.

El análisis de la comisión especializada para calificar las prelibertades tiene que ver con valoraciones psicológicas, de entorno social, de justificación de un trabajo en el exterior, de vivienda o de acogida familiar, así como el índice de análisis de proclividad delictógena (mide el nivel de peligrosidad respecto a la posibilidad de que una PPL vuelvan a delinquir al obtener la libertad). Con carpetas no calificadas, los jueces habrían otorgado prelibertades.

La investigación de este caso está a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha por asignación directa de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que no quede en la impunidad. Inició como investigación previa en agosto de 2018 y se abrió como instrucción fiscal el 25 de septiembre de 2019, en la formulación de cargos en la que actuó la fiscal Claudia Romero. Subió a fuero provincial por los jueces involucrados.

El expediente contiene 32.694 fojas, en 327 cuerpos procesales. Cabe añadir que el Consejo de la Judicatura actúa como acusador particular.

Dato adicional

El Presidente de la Corte Provincial decidió sobreseer al juez Jhandry Gabriel S. G., por no encontrar elementos en su contra.

Para los jueces Banny Rubén M. B., Javier Vicente L. V. y Omar Vinicio O. S. se mantienen las presentaciones periódicas ante la autoridad, prohibición de salida del país y de enajenar bienes. Para los funcionarios del CRS: Rodrigo Miguel M. M., Marcela del Carmen D. Y. y Einstein G. se conservan las presentaciones periódicas ante la autoridad y prohibición de salida del país. Los procesados Marco A. (abogado en libre ejercicio) y Eiker G. (funcionario CRS) continuarán en prisión preventiva.

Fuente: Boletín Fiscalía de Ecuador.