Los delitos contra el suelo, el aire, el agua, la flora y los animales silvestres están contemplados en el Código Integral Penal. La Constitución señala que la naturaleza es sujeto de derechos.

Los animales y las plantas silvestres de Galápagos son los más vulnerables frente a los delitos contra la naturaleza en Ecuador. El 18% tiene que ver con especies propias del archipiélago.

Esa provincia registra 102 de las 542 denuncias recibidas por delitos contra la flora y la fauna, seguida de las provincias de Guayas (53) y de Manabí (42).

Esa es una de las lecturas que se pueden extraer de las estadísticas reportadas por la Fiscalía General del Estado, desde agosto de 2014 hasta enero de 2020.

Sin embargo, estos delitos existen desde 2000 y el COIP los recoge en su cuerpo legal actual, aprobado en 2014.

Esa norma señala que a los delitos contra la flora y la fauna se suman los que se cometen contra el suelo, el agua, y el aire.

En total, la Fiscalía reporta 1.118 denuncias en los últimos seis años. Después de los atentados contra la flora y la fauna se ubican los delitos contra el agua.

Estos pueden ser derrames de combustibles, contaminación por la basura, u otras formas de contaminación en océanos, ríos, lagunas, vertientes y otros.

El 30% de las denuncias, es decir 341, corresponde a este tipo de delito. La provincia con mayor cantidad de denuncias es El Oro, con 64 casos. Guayas (37) y Esmeraldas (35) completan las tres provincias con más delitos reportados.

Con relación a las denuncias contra el suelo, que suman 152, Guayas (31), El Oro (20) y Azuay (17) son las que concentran más acusaciones. Las mismas están relacionadas, sobre todo, con la minería ilegal y la agricultura en espacios no destinados a esa actividad.

La Fiscalía señala que la mayoría de atentados contra el aire ocurre en Guayas (29). Manabí (8) y Pichincha (7) son dos provincias que también tienen este problema.

Las denuncias tienen que ver, con la contaminación provocada por la mala calidad del los combustibles.

La naturaleza, conocida también como ‘Pachamama’, pasó a ser sujeto de derechos con la aprobación de la Constitución de 2008. Allí se señala que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

La abogada ambientalista Inés Manzano dice que, si bien la Constitución ha promovido el respeto por la naturaleza, aún se observan delitos ambientales que se pueden prevenir, como la contaminación del suelo o del aire. Es por eso que cree que el Estado de aplicar las políticas públicas que existen ya que “el cuerpo legal ambiental es extenso e inútil. Si no usas lo que tienes se debe a que hay algo en el sistema que no sirve”.

Además, cree que es necesario que los operadores de justicia sean capacitados para que, al momento de recibir una denuncia, cumplan el proceso como si se tratara de cualquier otro tipo de delito. La presidenta del Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, Natalia Greene, concuerda con Manzano en que el sistema judicial necesita jueces capacitados para que las denuncias no queden archivadas.

Greene cree que las cifras de la Fiscalía son un subregistro porque “no todos los atentados llegan a una denuncia porque las personas no confían en el sistema de justicia”.

Fuente: Portal Nodal.