La rebaja de tributos prevista en la Ley de Fomento Productivo está por caducar. El escenario pone en riesgo a ciertos proyectos.

A finales del mes pasado, palmadas y reconocimientos, provenientes del Gobierno, premiaron el esfuerzo de inversiones que en el país están realizando decenas de empresas. No obstante el fomento a esa labor, a ojos del sector, pareciera quedar solo en eso. Aún esperan reales herramientas que animen su gestión.

En el gremio empresarial todavía existe la expectativa de que el Gobierno tome una decisión respecto a los beneficios tributarios(contemplados en la Ley de Fomento Productivo) que en agosto de este año estarán por fenecer y que, entre otros factores, permitieron que en el país, entre el 2017 y 2018, se firmaran contratos de más de $ 2.000 millones. Optar por no prorrogarlos, explica Marcelo Bodero, asesor en inversiones, pondría en riesgo a aquellos proyectos que están por ejecutarse.

Bodero narra la importancia de esta ley, que en el 2018 amplió la posibilidad para que empresas constituidas previo al 2010 (de mayor trayectoria) puedan acogerse también, de manera proporcional a lo invertido, a la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) o del pago del 5 % del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por importación de materias primas y bienes de capital. Fue clave, dijo, para motivar a empresarios a inyectar capitales y generar con ello nuevas plazas de empleo. Hay papeleras, ingenios azucareros, compañías de comercio, dice, que invirtieron cientos de millones de dólares, aprovechando las ventajas de esta ley que les permite aliviar, en cierta medida, la carga tributaria que en el país es muy alta.

En ese grupo, sostiene, “están compañías como TÍA, que opera desde el año 60, y que recientemente invirtió 127 millones de dólares porque tiene un derecho que nace de la ley y que está establecido en el reglamento de inversiones”. O empresas como Grupasa, que recientemente acaba de invertir más de $ 20 millones por montar una nueva planta bajo la tecnología 4.0.

Este tema y la incertidumbre que le rodea ha llegado también a las mesas de debate de las cámaras de la producción. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), habla de los oficios que ya se han remitido al Ministerio de Producción, donde se advierte de los nuevos proyectos que se verían afectados si estas medidas no se prorrogan, una posibilidad contemplada en la misma ley. “Todavía tenemos empresas que quisieran acogerse a los contratos de inversión y que seguramente no les va a dar el plazo, hasta agosto de este año, por toda la tramitología que eso implica”. Entre esos, cita Bodero, están Grupo Ortiz y Pronobis, que alistan proyectos comerciales o inmobiliarios que demandarán más de $ 200 millones y $ 350 millones, respectivamente.

Para María Isabel Salvatierra, dueña del proyectos agrícolas Santa Elena Green Product, la Ley de Fomento fue una buena partida para atraer inversiones, pero cree que la extensión de sus beneficios “ayudaría a enviar un mensaje positivo y de calma a los potenciales inversionistas”. Su caso, su proyecto demandará una inversión total de $ 12 millones para exportar maracuyá, y también se prepara para firmar un contrato.

La pregunta es por cuánto tiempo más se tendrían que aplazar estos beneficios. Bodero señala que lo ideal es que no exista un límite de la vigencia, pero “en definitiva dos años más serían suficientes para seguir generando más inversiones”, sobre todo en un contexto de inestabilidad económica y en el que más divisas se requieren.

El Ministerio, dice Costa, vía oficio ya ha respondido a los empresarios que, de darse una extensión, se haría vía Decreto Ejecutivo, esto luego de que la Presidencia conozca el informe de los resultados que deberá ser presentado por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones.

DATOS BÁSICOS

* La norma. Los incentivos fueron aprobados en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo.

* Duración. No obstante, estos beneficios (exoneración del IR, ISD) fenecen en agosto de este año. 

* Expectativa. Los empresarios esperan una prórroga, para que más empresas puedan acogerse.

FUENTE: Diario Expreso.