La reforma laboral, uno de los proyectos legales que el Gobierno nacional ha sostenido que se necesita implementar “de manera urgente”, parece haber quedado en el limbo: no hay fecha de envío a la Asamblea y el tiempo se acorta, sobre todo en un año electoral.
La reforma laboral, que las autoridades de Gobierno habían mencionado que se enviaría en abril del 2019, para generar mayor competitividad en el sector productivo y mayor contratación, fue mencionada en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de marzo del 2019, como un esfuerzo clave.
Sin embargo, en el último reporte del equipo técnico del ente multilateral, de diciembre pasado, se aclara sobre este tema que no es parte de las condiciones del acuerdo. “La cuarta reforma sobre el mercado laboral, que no es parte de las condiciones del acuerdo, pero es importante para mejorar la competitividad, aún no se ha presentado”, se indica en el reporte. En cambio, las reformas fiscales y monetarias tienen fecha de entrega.
Sobre el tema, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, considera que luego de las protestas de octubre y debido a que 2020 es un año electoral, el Gobierno ha calculado que no habría apoyo ni desde sectores sociales como tampoco desde la Asamblea para concretarla.
Entre tanto, los indicadores de empleo, se han deteriorado. Acosta Burneo explica que el aumento de los costos laborales mínimos, sumado a las ventas estancadas han motivado que las empresas busquen formas de reducir la nómina.
Han echado mano de varias opciones: sustituir la mano de obra costosa por una más barata; reducir la fuerza laboral y mejorar la productividad (darle a una persona el trabajo que antes hacían dos personas).
Entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 se perdieron 115 000 empleos plenos.
De acuerdo con el INEC, el sector de la construcción fue el que registró mayor destrucción de empleos plenos con 21 647 plazas menos. Le sigue el sector de enseñanza, servicios sociales y salud, que redujo 18 848 plazas de empleo pleno.
Según Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la salida de trabajadores en 2019 es una consecuencia lógica del estancamiento de la economía y que las empresas toman la decisión de reducir plazas, para así reducir costos y buscar una mayor rentabilidad.
Sostiene que, por ello, la reforma es urgente y debe presentarse. Asegura que no tiene sentido que continúe paralizado aquel proyecto que ya tenía consenso. En ese se incluía la flexibilidad de la jornada laboral e incluso el retiro de recargos para contratos ocasionales y eventuales. Se mostró en desacuerdo que se esté hablando en la Comisión de los Trabajadores de un nuevo Código del Trabajo. Reconoció que podría haber problemas de aprobar la reforma, considerando que hay asambleístas que ya hacen sus cálculos políticos y tendrían resistencia a topar el tema considerado tabú.
Fabián Córdova, vicepresidente comercial de Continental Tire Andina, que tiene 1600 trabajadores, comenta que será difícil que la reforma laboral entre en la agenda política, pero dice que si esto llegara a pasar, debe ser una reforma justa para todos los actores. En el caso de su empresa no se ha desvinculado a muchos trabajadores, sobre todo porque el mercado de exportación en EE. UU. se abrió para ellos. Además han hecho esfuerzos para conservar a los trabajadores que son mano de obra capacitada. En este sentido, pidió al Gobierno que busque otras maneras para que la industria sea competitiva. Por ejemplo, apoyo a exportadores, bajar aranceles de materias primas que aún los pagan, mejorar la tramitología en puertos y aeropuertos.
El Gobierno, por su parte, acaba de relanzar el programa de hipotecarios a 4,99 % apalancado en un bono social del BID. A más de cubrir el déficit de vivienda, se reactivaría la construcción y el empleo.
FUENTE. Diario El Universo.
