Decía Confucio que “en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza”. Lógica tiene dicha afirmación. Es como ser agua y morir de sed. Aterricemos a Ecuador, un país con enormes brechas sociales, urgencias y heridas por sanar. Somos 18 millones de personas las que vivimos acá, aproximadamente. De acuerdo a registros oficiales (INEC), a junio 2023, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 27,0% y la pobreza extrema en 10,8%. En el área urbana la pobreza llegó al 18,0% y la pobreza extrema a 5,2%. Por su parte, en el área rural la pobreza alcanzó el 46,4% y la pobreza extrema el 22,6%. Al mismo 2023, la pobreza por ingresos, a nivel nacional, llegó al 27,0%. Mientras que, la pobreza extrema alcanzó 10,8%. Aquellas cifras son apenas una muestra del estrepitoso momento que a 2025 vive Ecuador, mismo que se percibe como un estado fallido, término que desde finales del siglo XX escaló relevancia para conceptualizar a naciones que más allá de su aparente soberanía frente a la comunidad internacional, carecen de la capacidad eficiente y efectiva para ejercer gobernanza dentro de sus propias fronteras.
Según el analista Mario Pazmiño, el desmoronamiento del Estado, en este contexto, se manifiesta de dos maneras: en primer término, las instituciones gubernamentales -lejos de cumplir su función de mantener el orden- se desvían hacia actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas, y hasta la minería ilegal. “La sociedad, en consecuencia, se precipita hacia un formato de anarquía en donde tolera o normaliza la licuación del control estatal. Segundo, la violencia se desborda y adquiere una dinámica constante, extendiéndose cual metástasis que corroe las instituciones estatales. El narcotráfico ha transformado a Ecuador en un centro neurálgico para el contrabando de estupefacientes, en menos de tres décadas. Ya no se trata de un país de mero tránsito, sino que se ha convertido en una plataforma clave para la exportación de cocaína y para las operaciones de cárteles de proyección transnacional. A pesar de estos desafíos, Ecuador aún no ha alcanzado el colapso total”.
Surge entonces la imperiosa necesidad de replantear el modelo de gestión y políticas públicas adoptadas desde el Poder Ejecutivo, hoy en manos de Daniel Noboa Azín (ADN), justamente para no llegar al colapso total que menciona Pazmiño, y empezar a profundizar la toma de decisiones hacia alternativas o mecanismos valiosos de administración pública como la Descentralización, proceso de transferir competencias del Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y que está legalmente establecido en Ecuador desde la Constitución de 1998 y se ratificó en la última del 2008. La idea fundamental es que el Estado, con sus bienes y servicios, sirvan a una ciudadanía que vive sus propias angustias.
Desde el concepto, la Descentralización es un proceso multidimensional por el cual el Estado transfiere recursos, responsabilidades o autoridad (Falleti, 2005), desde niveles más altos de gobierno hacia niveles más bajos o hacia fuera del Estado, en organismos autárquicos o en el sector privado (Von Haldenwang, 1990). Al ser un proceso multidimensional, la Descentralización se vincula con diversos campos: económico, representativo, cultural, administrativo, etcétera. La Descentralización implica una transformación interna del Estado, así como de las relaciones que el Estado establece con la sociedad civil. También puede entenderse como un cambio en el vínculo entre el Estado y el medio físico. Esta última dimensión es resaltada cuando se trata de la dimensión geográfica o territorial de estos procesos, ha explicado el catedrático Nicolás Cereijo.
Pensaba Winston Churchill que un buen político es aquel que, tras haber sido comprado, sigue siendo comprable. Si lo llevamos al análisis comparativo, la Descentralización vendría siendo aquello, una buena alternativa de gobernanza para encontrar solución a la multiplicidad de problemas que enfrenta el Estado ecuatoriano. Vayamos a la ejemplificación con un caso cercano y vigente: el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, ubicado en la ciudad de Manta.
Primero, hagamos un ejercicio de memoria. Entre 1999 y 2009, sus pistas fueron usadas por la Fuerza Aérea Norteamericana a fin de combatir el narcotráfico, en la parte norte de América del Sur. En la Presidencia de Rafael Correa Delgado (AP), Ecuador tomó la decisión de no renovación del contrato con Estados Unidos, y Ecuador volvió a tener autonomía sobre el aeropuerto. Desde entonces, el operador de este recinto es la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por lo que se le considera un aeropuerto público- militar. Después del terremoto de abril de 2016 que azotó amplias zonas de Manabí, incluida Manta, el aeropuerto entró en proceso de rehabilitación y reconstrucción. El Gobierno Nacional invirtió USD 27,7 millones de dólares, con crédito del Eximbank. La rehabilitación se dio en un área de 5.000 metros cuadrados, contempló la terminal de pasajeros, torre de control de nueve pisos y todos los espacios para brindar servicios de calidad a los usuarios. El 5 de diciembre de 2022, seis años después del desastre natural, las autoridades hicieron su inauguración. El 10 de enero de 2025, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) entregó a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC) el Aeropuerto, aunque la DGAC venía ejerciendo el uso, ocupación y administración de estas instalaciones desde el 30 de noviembre de 2022. Y aquí surgen los traspiés para este mega proyecto. Y la Participación Ciudadana se activó.
En Manta, representantes de sectores productivos han conformado el Comité para el Desarrollo del Aeropuerto, en busca de que éste pueda funcionar con sus propios recursos. Esto debido al persistente malestar que registran usuarios por las condiciones poco amigables en sus experiencias de viajes, como por ejemplo tres datos resumidos: 1) Solo 2 de las 8 ventanillas de sellado de pasaportes están funcionales, generando retrasos de hasta 3 horas a cada turista; 2) Su sistema de climatización general está dañado, en una ciudad cuya temperatura promedio supera los 30°c; 3) los baños se encuentran sin mantenimiento, desprendiendo malos olores.
En este contexto, la Descentralización de la competencia de la administración del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro sería ejecutable desde la DGAC hacia la Municipalidad de Manta, institución que mediante un concurso público abierto y transparente, podría activar mecanismos para constituir una alianza público-privada con empresas nacionales o extranjeras que, con recursos propios, experiencia y experticia, podrían asumir la operación del Aeropuerto con un modelo de desarrollo y gestión que potencie las capacidades técnicas de categoría internacional, para convertir a Manabí y a Manta en la puerta de entrada y salida al mundo en Ecuador, promoviendo el turismo, el desarrollo económico productivo con la generación de empleo directo e indirecto y la modernización urbana.
Aplicando la Descentralización en la competencia del Aeropuerto de Manta, surgen de hecho posibilidades ciertas de progreso provincial y nacional, gracias a su ubicación geográfica incomparable con otras infraestructuras similares en Ecuador y el resto de Sudamérica. Y más aún si consideramos las manifestaciones de Participación Ciudadana (derecho fundamental que tiene toda sociedad y supone una condición esencial para hablar de democracia) generadas alrededor de este mega proyecto para que no se convierta en un “elefante blanco”, se entiende la amplia viabilidad para que el Eloy Alfaro sea competitivo ante el mundo.
Para Nikita Kruschev (1894-1971) “los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río”. Es quizás una importante oportunidad para el presidente Noboa, de por sí atrapado en las urgencias por resolver problemas sociales, económicos, de seguridad, energéticos, entre muchos otros, para que, activando la Descentralización, dé vía libre al desarrollo del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, sin que el Estado pierda su capacidad regulatoria y de control, claro está, generando empoderamiento de la ciudadanía, confianza en su política pública, responsabilidad y cohesión social.
Decisiones como ésta, serían pasos hacia el futuro para el Ecuador, país que necesita encontrar un norte hacia el Desarrollo Sostenible, que implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándonos de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras de cumplir con las suyas. La supervivencia de Ecuador pasa por ser una nación más sostenible, donde las políticas públicas garanticen que nadie se quede atrás debido a situaciones de inferioridad o discriminación. Que nadie se quede atrás para alcanzar el Sumak Kawsay.
