El Gobierno colombiano avanza en los requisitos impuestos por la Corte Constitucional para retomar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos. En 2015, el alto tribunal suspendió las aspersiones al considerar que pueden ser cancerígenas para los seres humanos y dañar el medio ambiente. Sin embargo, indicó que podrían volver a desarrollarse si se cumplen seis requisitos, que ahora la Administración de Iván Duque adelanta.

El pasado 12 de abril, el Gobierno colombiano expidió un decreto que le da marco jurídico para volver a las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato. Es una decisión controvertida: el Ejecutivo asegura que son necesarias para erradicar los cultivos de coca y golpear al narcotráfico.

Sin embargo, la oposición y varias comunidades agrícolas ponen de relieve no solo los riesgos para la salud y el medio ambiente que implica el glifosato, sino también las consecuencias sociales que puede tener el retorno a este método.

Las fumigaciones, que durante años se usaron en Colombia para eliminar los cultivos ilícitos, dañan también otros tipos de cultivo, flora y fauna indispensables para la vida en el campo. Además, deja sin sustento ni compensación a las familias que se dedican al cultivo de la hoja de coca, muchas veces obligadas a este trabajo por el contexto económico. 

El texto del Gobierno del presidente Iván Duque incluye medidas sobre el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente con el método de aspersión. El glifosato no está prohibido en este país, pues es utilizado en agricultura y jardinería.

Sin embargo, en 2015 quedó suspendido su uso por vía aérea, tras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una orden de la Corte Constitucional que consideró que el herbicida puede causar cáncer en los seres humanos y perjuicios al medio ambiente.

Entre las nuevas regulaciones que formuló el Gobierno para levantar el veto actual están las directrices sobre cómo funcionará el mecanismo de quejas ante posibles afectaciones a la salud de las personas y en la naturaleza.

También en cumplimiento de lo pedido por la Corte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG).

Otro de los requerimientos que hizo el tribunal para avalar su reanudación fueron estudios sobre el riesgo de salud. El Ministerio de Salud ya evalúa los resultados de un estudio en esta materia, para el que contrató a la Universidad de Córdoba, del norte del país.

El retorno a las aspersiones con glifosato va en detrimento de lo pautado en el acuerdo de paz

Pese a los llamados para no reanudarlos, el Gobierno de Iván Duque insiste en que estas aspersiones son necesarias para la lucha contra el narcotráfico. Pero esa postura va en contra de la sustitución voluntaria acordada con las comunidades de campesinos y cultivadores de hoja de coca, en el acuerdo de paz que firmó en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de lash FARC.

Por esta razón, también se espera que primero sea resuelto un recurso de amparo que interpusieron las comunidades, que argumentan falta de garantías de participación en el trámite del Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado por la ANLA.

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. “El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano, quien prevé que ese tipo de fumigaciones sean reactivadas en los próximos meses. El proceso de verificación podría extenderse hasta junio.

La Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia sostiene que está lista para empezar la aspersión cuando se cumplan todos los protocolos necesarios. (France 24)