Según informes de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hubo compras con sobreprecios, tanto en insumos, cuanto en bolsas para cadáveres, a través de unidades médicas del Ministerio de Salud y del Seguro Social, lo confirmó Juan Javier Dávila, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Noralma Zambrano.
En efecto, en la sesión virtual 60, generada la tarde de este lunes, 12 de abril, la mesa recibió más pruebas de cargo, solicitadas por los interpelantes Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, así como pruebas de oficio, en el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
El consejero Juan Dávila, sobre la base de los informes preparados por la Secretaría Técnica de Transparencia y aprobados por el Pleno del Consejo, indicó que entre los hallazgos consta que hubo sobreprecios en la adquisición de bolsas para cadáveres, batas manga larga, visores y mascarillas, entre otros insumos, que van entre el 486 % y el 527 %, considerando el valor unitario, respecto del costo con el cual se contrató en otras unidades de salud de la red pública.
Añadió que, en la mayoría de los casos, las posibles conductas penales en que habrían incurrido están: peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y colusión. Todos los informes fueron remitidos a las autoridades pertinentes, entre ellas, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado para que se determinen las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
De su lado, Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, confirmó que ella y su esposo recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, entre enero y febrero del presente año. Para efecto, dijo, recibió un mensaje, vía whatsapp, de parte de Gabriela Gómez, entonces asesora del ministro Juan Carlos Zevallos, con la fecha y hora en que debían presentarse para recibir la vacuna.
Explicó que en ningún momento, ni a título personal, ni como ministra de Estado, solicitó que se la considere en la lista para la vacunación. Sin embargo, cree que fue parte del proceso porque, en razón de su trabajo en territorio, en contacto con personas que deben mantener cuarentena al llegar al país, así como por ser parte de la tercera edad, se la llamó para la respectiva inoculación.
Finalmente, intervino Pedro Molina, director asistencial del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, quien detalló el trabajo que cumple esta casa de salud en atención a los pacientes COVID. Afirmó que ninguna de las autoridades, ni funcionarios, ni trabajadores del hospital tuvo incidencia en la determinación de a quién y cuándo vacunar. Sin embargo, al momento en que hubo gente que no pertenecía a la primera línea, tomó los correctivos necesarios, a fin de que se privilegie al personal sanitario. (Asamblea Nacional)
