Un incremento de 167,7% registró el Ministerio del Trabajo en las denuncias por despidos de personas con discapacidad en los últimos cuatro años (del 2017 al 2020). En 2017 se recibieron 313 casos, 576 en el 2018, 652 en 2019 y en el año de la pandemia 838 quejas.

Ante la Defensoría del Pueblo de Guayas, 51 personas vulnerables (embarazadas, con discapacidad o males catastróficos) presentaron denuncias.

Trabajadores de una concesionaria de vehículos, por ejemplo, protestaron por la destitución de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, en enero y febrero, en calles del norte de Guayaquil.

Las quejas se replicaron en Twitter: “Soy la mamá de una persona despedida... con cáncer la despidieron en plena pandemia. No les importó que mi hija tenía su tratamiento y la despidieron con 13 años de trabajo”, indicó Susy Robles, quien sostuvo que su hija se reintegró a laborar después de recibir la quimioterapia. “Y despidiéndola le pagan”, dijo.

Hilda, también en redes sociales, pidió al Gobierno atender los juicios laborales de despidos a personas discapacitadas, porque —aseguró— “no se está haciendo cumplir la Constitución, el Código Laboral...”.

El Conadis registra que 5.772 personas con discapacidad fueron desvinculadas de sus trabajos entre marzo y septiembre, durante la pandemia por el COVID-19. De ellos, 1.562 renunciaron, a 855 se les terminó su contrato, a 630 los despidieron, entre otros.

Durante esta emergencia sanitaria mundial “se han agravado las desigualdades preexistentes de las personas con discapacidad”, afirmó António Guterres, secretario general de la ONU, organización que estima que durante este año se han exacerbado las diferencias que enfrentan los mil millones de personas con discapacidad del mundo para acceder a educación, a salud, a un trabajo.

“Todas las personas tenemos derechos, pero estos grupos tienen derechos reforzados”, recalcó Zaida Rovira, vicedefensora del Pueblo, quien añadió que cuando se da la desvinculación de personas de atención prioritaria se recomienda acudir a la Defensoría: “Más allá de una infracción laboral o del cometimiento de un delito, existe una vulneración de derechos”.

La Defensoría, por ejemplo, lleva la causa de Gustavo, despedido en 2016, dos años después de detectarle VIH. Él, guayaquileño de 48 años, cree que su despido fue injusto por parte de una distribuidora de productos lácteos. Ahí laboraba en el archivo. Un día antes del despido, refirió Gustavo, le pusieron trabas al pedir permiso para retirar los antirretrovirales. Denunció a la firma y reclamó indemnización, luego de firmar el finiquito y recibir una liquidación de $17.431.

Gustavo afirmó que lleva cuatro años intentando demostrar la “vulneración de su derecho al trabajo” y se ampara en un acuerdo del Ministerio del Trabajo de 2007, que prohíbe la terminación de relaciones laborales de trabajadores que viven con VIH, porque “violenta el principio de no discriminación”. Pero la empresa lo negó y explicó, en una audiencia, que su salida se dio “por una reestructuración interna debido a la crisis económica que atraviesa el país”.

En este caso, Rovira afirmó que la Defensoría presentaría una acción de protección.

Rocío Borja también denunció, el 23 de enero, el caso de su cónyuge en redes sociales: “A mi esposo discapacitado (en un 45%) le despidieron de la Asamblea Nacional el 28 de diciembre de 2020. Le ampara la Constitución y ley de discapacidad, pero obviaron la ley, me pregunto para qué más leyes si no hacen cumplir...”. (El Universo)