La falta de recursos económicos y la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19 implicaron que menos estudiantes se matricularan en los regímenes educativos de la Costa y la Sierra en el año lectivo que está por terminar en la primera región y el que está en marcha en la segunda. Existe el riesgo de que la brecha se ahonde a puertas de un nuevo ciclo escolar..

La reducción en la región costera fue de 27.708 alumnos entre el 2019 y el 2020. En inicial fueron 22.540 menos, en bachillerato, 4.959, y en educación general básica, 209, pese a que la población mayor a 10 años aumenta en el país de forma anual, según las proyecciones poblacionales del INEC.

Las medidas por la pandemia que implicaron el confinamiento en los hogares empezaron a partir del 13 de marzo del 2020, un poco antes de la matriculación y el inicio del año escolar en la Costa.

En la Sierra, la reducción se dio únicamente en inicial con 27.975 menos matriculaciones..

Pero no todos los matriculados finalmente terminan el ciclo escolar.

El 6% de los matriculados en la educación general básica y el bachillerato de las instituciones públicas de la Costa no reportó la entrega del portafolio enviado a través de la plataforma virtual del plan “Aprendemos juntos en casa” durante el primer corte a mitad del año lectivo, es decir, 108.309 alumnos. Ellos podrán entregar estas actividades hechas en casa al final del periodo actual.

“Esperamos la entrega definitiva en el cierre de año y ahí sabremos exactamente ya más numéricamente cuántos estudiantes definitivamente no entregaron portafolio, allí ya hay una seria alerta de que han dejado el sistema”, afirma la ministra de Educación, Monserrat Creamer.

El principal escollo es la falta de internet o de medios para acceder a la plataforma virtual establecida por el Ministerio de Educación.

En Ecuador, alrededor de 90.000 estudiantes ya están fuera del sistema educativo (solo en el 2020 debido a la pandemia) y alrededor del 15% de estudiantes afirma no haber tenido un contacto habitual con sus docentes en las últimas dos semanas, según la encuesta sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en su actual proceso educativo realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en noviembre último.

“Como poco porque no sabemos tampoco la cifra exacta. Y luego también había rezago escolar y ahora es más, porque la calidad de la educación no es la misma cuando tú estás aprendiendo de modo virtual que cuando estabas de manera presencial”, indica Joaquín González-Alemán, representante del organismo en Ecuador.

El 74,8% de los estudiantes del sistema público tiene acceso a internet, pero solo 1 de cada 8 estudiantes cuenta con equipos para su uso personal, según Unicef.

Y el 78% de los niños que van al sistema público de educación tiene contacto con sus profesores a través de las redes. “Como sea los niños están accediendo a sus maestros”, indica González-Alemán.

Creamer asegura que aún no hay cifras exactas, pero reconoce que hay quienes se quedaron sin estudiar en el 2020 y que el rezago escolar aumentará debido a la pandemia.

Los hijos de las familias de clase media están entre los que no se matricularon.

José (nombre protegido), quien tiene un negocio en el norte de Guayaquil, optó por dejar sin estudiar a dos de sus tres hijos. “Primero entrábamos a una pandemia. Además, mi esposa y yo trabajamos, no podíamos dedicarle el 100% y mi hijo (de 11 años de edad) no estaba capacitado para la educación virtual”, señala .

Solo la mayor, de 14 años, estudia en línea. La menor, de 6 años, tampoco fue matriculada en segundo año de educación básica.

“Este año (para el que se planea un regreso progresivo y voluntario a las aulas) ya me decidiré, porque se me van a quedar atrás, tengo el temor porque la pandemia sigue. Mi hijo ya me está pidiendo el retorno a las aulas. Él va a sexto año de educación básica. Ya llamamos a la escuela y separamos los cupos”, afirma.

Él indica que el factor económico también coadyuvó: “En la escuela nos dijeron que si poníamos a los tres me hacían el descuento de solo el 10%, por cada uno me cobraban $ 155 de pensión, entonces opté por no ponerlos”.

La familia se sustenta del negocio de una cafetería que estuvo cerrada por tres meses durante el confinamiento del 2020, y desde entonces las ventas han bajado un 50%, indica José.

La idea es que vayan al régimen semipresencial, en el que como mínimo se debe ir a las aulas al menos una vez a la semana, dice González-Alemán.

“Las escuelas y colegios son lugares donde los niños y adolescentes van a aprender, a alimentarse, a socializar, a emocionarse, a jugar al fútbol. El hecho de que no estén yendo durante casi un año —el 13 de marzo cumpliríamos un año— es verdaderamente preocupante”, asegura.

La pandemia trajo más angustia a la vida de Lucy, una madre de tres escolares que debían tomar clases virtuales el año lectivo que está por terminar, sin contar con el temor de enfermar.

Esta cabeza de hogar perdió su trabajo en Santo Domingo de los Tsáchilas y debió mudarse con su hermana a otra ciudad, donde alcanzó a matricular a sus hijos antes de que se decretara el confinamiento total.

Lucy tiene otra hija que está en la universidad pública, pero la adultez le da independencia pedagógica, por ello su mayor preocupación es con los de educación básica.

Las dos mayores se adaptaron a la virtualidad, aunque con la dificultad de que una recibe clases en un celular y la otra en una computadora que compartía con su hermano de 7 años.

El pequeño Sebastián (nombre protegido) no pudo acostumbrarse a la educación a distancia, lloraba, y su madre no podía estar permanentemente a su lado, pues debía buscar un ingreso económico; al final, el niño abandonó el tercer año de básica que cursaba.

La mujer y sus tres hijos se cambiaron a casa de los padres de ella luego de tres meses de confinamiento refugiada por su hermana. Sigue sin un trabajo estable y viven de lo que pueda comercializar en una minitienda o ventas por catálogo.

Lamenta no haber podido dar más seguimiento a su pequeño, de quien dice que ha tenido problemas emocionales desde el nacimiento, porque ella estuvo en coma y ahora el COVID-19 los ha golpeado a todos (se incluye). Afirma que psicológicamente no están bien. “No sabemos qué hacer, el niño tiene que estudiar, pero me parece prematuro enviar a los niños presencialmente, si uno que es grande comete tantos errores, imagínese los niños que son inquietos, traviesos, se van a quitar la mascarilla y se van a enfermar”, señala y agrega que las escuelas del sector no rural no cuentan con medidas de bioseguridad.

La opción de la virtualidad a elección también la inquieta, porque solo tienen una computadora y un teléfono para los tres.

González-Alemán menciona que “cuanto más tiempo pasan los niños fuera del sistema educativo, cuanto más pasan fuera del colegio, entonces más riesgo hay de que ese niño salga del sistema educativo”.

El no asistir a clases, así sea de forma virtual, empeora la situación.

A las estimaciones de 90.000 que no se matricularon en 2020 se suman los 268.000 menores edad, sobre todo adolescentes, que de por sí ya estaban fuera del sistema educativo, y 187.277 que tenían rezago escolar de más de dos años antes de la pandemia.

Los padres de familia podrán optar por una modalidad mixta (semipresencial y virtual) para el próximo año lectivo en la Costa.

Cristina (nombre protegido) está desempleada desde abril del año pasado, luego de que la empresa de comunicación donde trabajaba la despidiera. Ella tiene tres hijos: un varón de 12 años y dos mujeres de 10 y 6 años.

Al quedar sin trabajo tuvo que ajustar el presupuesto familiar. Junto con su esposo decidieron cambiar a sus dos hijos mayores de la escuela particular donde estudiaban. El centro educativo era costoso. La pensión de cada niño estaba cerca de los $ 250 al mes, sin contar útiles escolares y libros.

Ahora estudian en un centro educativo donde la pensión está cerca de los $ 100. Aunque, afirma Cristina, todavía hacen “peripecias” para pagar, ya que su esposo es el único que tiene ingresos fijos.

Otra de las decisiones que tomaron fue la de no enviar a su última hija a los ciclos iniciales como preparatoria. La van a matricular directamente a primer grado: “Contratamos a una chica que viene dos veces por semana a la casa y la ayuda en temas de motricidad. Decidimos no matricularla en iniciales, preferimos ahorrar para poder inscribirla en primer grado”, dice.

Pese a lo ajustado del presupuesto, Cristina no ha considerado matricular a sus hijos en centros educativos fiscales. Piensa que la educación pública no es buena y peor en tiempos de pandemia.

Un total de 148.165 matriculados pasaron de la educación particular a la fiscal del 2019 al 2020 en los dos régimenes educativos del país. (Xavier Ramos - El Universo)