Perú afronta, entre la indignación y la decepción, el escándalo de la vacunación en secreto contra el COVID-19 de funcionarios y personajes encargados de encabezar la lucha contra la pandemia, y que ahora, muy probablemente, deberán lidiar con sanciones políticas y judiciales.

Mientras que para analistas y juristas el país enfrenta “un mensaje devastador” de su clase dirigente, el Gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti reconoce el duro golpe, pero insiste en que se debe poner por delante “a todos los que diariamente cumplen su labor con integridad”.

“No podemos dejar que el comportamiento, la actitud de algunos pocos funcionarios públicos empañe la labor de servicio al país que cumplimos”, dijo la primera ministra, Violeta Bermúdez, antes de remarcar que más de 1,4 millones de personas trabajan para el Estado “en un contexto especial” ante la pandemia.

Las responsabilidades y culpas del escándalo, bautizado rápidamente como el ‘vacunagate’, comenzarán a definirse tras haberse hecho público este martes el listado de 487 personas que recibieron vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que eran exclusivas para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en Perú desde fines de 2020.

Si bien es cierto que entre los beneficiados hubo gran cantidad de médicos y científicos, también estuvieron funcionarios de los dos últimos Gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares de estos, consultores e “invitados”.

Vizcarra, que es duramente criticado por la clase política, podría enfrentar un pedido del Congreso para su inhabilitación política.

El régimen de Sagasti también ha sido afectado, ya que también fueron vacunadas la ahora exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete.

Ante esta revelación, el actual Gobierno afirmó que ningún funcionario vacunado en secreto permanecerá en su cargo, pero tuvo un gesto inédito hacia Mazzetti, al retirarle el agradecimiento que le había dado por sus “servicios prestados a la Nación” cuando dimitió el viernes, después de que el Congreso la citara para que explique la vacunación de Vizcarra.

El nuncio apostólico en Perú, Nicola Girasoli, también figura en la lista, y el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, dijo estar “entristecido e indignado”. (El Universo)